El presidente del Poder Judicial de Perú (PJ), Javier Arévalo, dijo este martes a la prensa, que los jueces peruanos serán quienes determinen si la ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, recientemente aprobada por el Congreso, se aplicará o no.
Arévalo precisó que el PJ respeta las decisiones de los otros poderes y que, una vez promulgada la ley, entrará en vigencia.
“Si algún juez considera que la ley es inconstitucional, contraria a convenios, la inaplicará vía control difuso fundamentando por qué. Y si un juez considera que esta ley es adecuada a los estándares, la aplicará. Por lo tanto, acá no hay nada que ver con la Corte Interamericana, acá los jueces peruanos son los que van a decidir si la ley se aplica o no se aplica”, declaró.
Arévalo aseguró que "la Corte Interamericana no tiene ninguna facultad para pedirle a los poderes del Estado que hagan algo y mucho menos al Poder Judicial para que interfiera en las decisiones de otros poderes".
De esta manera, el presidente del PJ se refirió a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) del 1 de julio, que instó al Estado peruano a dejar sin efecto la ley que beneficiaría a criminales de lesa humanidad que cometieron estos delitos antes del 2002.
Según el derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y pueden ser perseguidos y juzgados sin importar cuánto tiempo haya pasado. Sin embargo, el Congreso de Perú ha aprobado una ley que considera que estos graves delitos pueden prescribir.
Los delitos de lesa humanidad son actos graves que constituyen violaciones de derechos humanos y que se consideran como ofensas contra la humanidad. De acuerdo con la Corte Penal Internacional (CPI), los principales actos que constituyen crímenes de lesa humanidad son: asesinato, desaparición forzada, tortura, violación, esclavitud sexual, esterilización forzada u otros abusos sexuales, entre otros graves crímenes.
El control difuso mencionado por el presidente del PJ permite a los jueces inaplicar una ley cuando consideran que es contraria a la Constitución o a convenios internacionales. Este mecanismo garantiza que cada juez, en cada caso específico, evalúe la constitucionalidad y conformidad de las leyes con el derecho internacional.
La posición del presidente del PJ se diferencia del rechazo del Ministerio Público (MP) a la cuestionada ley. En junio pasado, la Junta de Fiscales Supremos advirtió que la ley era "inviable jurídicamente" y que, si se aplicara, "se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares".
[Foto de portada: Andina]
Más en LaMula.pe:
"La clase política está comprometida con los crímenes del pasado": Carlos Rivera
"Estamos enfrentando a un grupo de negacionistas con mucho poder": Gisela Ortiz
