No son minoría. El inicio del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern Copper en la provincia de Islay, Arequipa, ha generado reacciones de rechazo por parte de las autoridades y dirigentes locales, quienes advierten sobre la falta de licencia social e impactos ambientales negativos.
El alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, criticó el anuncio sobre Tía María, señalando que una decisión de esta magnitud debe ser comunicada por las autoridades y no por una entidad privada. Ale Cruz cuestionó la falta de levantamiento de las observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) realizadas en 2011 y la falta de claridad sobre el uso del agua para la actividad extractiva. El alcalde de la provincia dijo que está comprometido con la defensa del medio ambiente y destacó la necesidad de infraestructura hídrica, por lo cual pidió al Ejecutivo que ejecute el proyecto correspondiente.
Por su parte, el alcalde del distrito de Cocachacra, Abel Suárez, acusó a Southern Perú de no haber consultado a la población y de actuar de manera sorpresiva. Suárez destacó que la minera no ha mejorado el clima social ni ha establecido comunicación con la comunidad, especialmente con los agricultores del Valle de Tambo que temen que el agua y sus campos de cultivo se vean afectados.
En un pronunciamiento, el alcalde del distrito de Deán Valdivia, Fernando Camargo Huayna, expresó su rechazo rotundo a las actividades del proyecto minero Tía María. Camargo Huayna calificó de provocadora la actitud de Southern Perú, denunciando la falta de respeto hacia las muertes ocurridas en defensa del Valle de Tambo y señalando un contubernio con el gobierno nacional para obtener opiniones favorables mediante el "vulgar tráfico de necesidades de la población".
El alcalde de Deán Valdivia exigió el cese inmediato de cualquier actividad relacionada con Tía María y responsabilizó a la empresa por cualquier acción que pudiera suscitarse.
En respuesta al reinicio del proyecto minero, el dirigente social del Valle de Tambo, Miguel Meza, anunció una protesta social programada para el viernes 5 de julio en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, utilizando tractores como muestra de rechazo. Además, para el próximo 18 y 19 de julio está programado un paro de 48 horas como protesta al proyecto minero Tía María.
Observaciones pendientes
En julio del 2019, el Ejecutivo otorgó licencia a la empresa Southern Copper para la construcción de la mina Tía María. Ante ello, LaMula.pe solicitó la información al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y tuvo acceso al informe y resolución con los que se dio luz verde a Tía María. En los documentos, se da cuenta de observaciones pendientes de subsanar como la falta de un estudio hidrológico, información sobre cómo se construiría una planta desalinizadora, un plan de monitoreo y rescate arqueológico; así como aspectos relacionados a la seguridad y salud de los trabajadores.
Cinco años después, estos aspectos no están claros en la población del Valle de Tambo, señaló la comunicadora y activista de Arequipa, Dilvia Gálvez.
"La población cuestiona abiertamente varios aspectos que no están claros, como el uso del agua, los terrenos para su planta de beneficio que no la tienen y una serie de irregularidades", señaló Gálvez a LaMula.pe.
"En este momento, la población está con sus técnicos analizando si la empresa minera ha cumplido con todos los permisos necesarios. No está claro cómo ha conseguido el permiso de construcción del Minem", dijo la comunicadora de Arequipa.
Para Gálvez, no es cierto, como dicen empresarios y ministros, que ha habido un cambio en la población local respecto a Tía María.
"La posición de Valle de Tambo no ha cambiado, se siguen resistiendo al proyecto minero. No ha habido ese cambio de dar licencia social al proyecto. Lo que sigue habiendo es la intención de una empresa que miente y manipula para hacer creer a la población que le han dado licencia social", señaló.
Gálvez contó que Southern está implementando programas sociales a través de ONG otorgando abono a agricultores, así como proyectos de educación y salud. Estas campañas incentivadas por la empresa minera han pretendido que toda la población beneficiaria de estos proyectos, que es un porcentaje mínimo del total, aparezca como a favor de Tía María, sostuvo.
Para el Valle de Tambo, las declaraciones de Oscar González Rocha, presidente de Southern Perú, y del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, buscan encender la pradera y representan una provocación abierta considerando el abandono de los heridos y deudos de la represión a las protestas, así como la impunidad por las muertes, señaló la comunicadora.
En diálogo con LaMula.pe, Gálvez explicó que la licencia social tiene que ver con el pedido de la población ante un proyecto extractivo que pretenda ejecutarse en su zona. Principalmente, la sociedad civil exige que se garantice que no se van a causar impactos ambientales y sociales negativos, ni a la comunidad ni al medio ambiente, y que va a tener beneficios económicos, en la calidad de vida y con respeto a los derechos fundamentales.
“Esa sería la comprensión que debería tener el Valle de Tambo, más no la manera en la que lo está interpretando la empresa que cree que basta con la firma de los pobladores beneficiarios de sus proyectos. No es una empresa ignorante en estos temas, sabe muy bien qué es una licencia social, está jugando a engañar, a sorprender, quiere hacer que esas firmas de la gente que ha recibido regalos pasen como licencia social”, agregó.
La población ha emplazado al empresario González Rocha y al ministro Mucho Mamani a que vayan al Valle de Tambo a declarar públicamente el reinicio de la construcción de la mina y ahí verán la realidad social, informó Gálvez.
Las protestas contra el proyecto Tía María se iniciaron en el 2010 en el Valle de Tambo, donde los agricultores temen que sus campos de cultivo se vean afectados por la explotación minera a tajo abierto. Ante los reclamos ciudadanos, la UNOPS realizó 138 observaciones al proyecto minero en 2011. Sin embargo, la empresa no subsanó todas y los ciudadanos volvieron a protestar en 2015. La represión a ambas jornadas de protesta ha dejado el lamentable saldo de 7 personas fallecidas.
[Foto de portada: El Búho]
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