La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de amparo presentada por Inés Tello y Aldo Vásquez, y ordenó su inmediata reposición como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta decisión revoca la inhabilitación de ambos magistrados dictada por el Congreso de la República.
En su resolución, el Poder Judicial instruyó al Poder Legislativo a "abstenerse de incurrir en el futuro en las mismas infracciones al ejercicio de los derechos fundamentales" que condujeron a la destitución de Tello y Vásquez.
El fallo judicial especifica que los congresistas José Luna Gálvez y José Jerí Oré, como miembros de la Comisión Permanente, no debieron participar en la votación del 7 de marzo de 2024 que resultó en la inhabilitación por 10 años de ambos magistrados. Esto, argumenta la sala, vulneró el artículo 100 de la Constitución y el debido proceso.
La resolución del Poder Judicial señala que "de no haber intervenido estos congresistas, no se habría alcanzado formalmente la votación inhabilitante". Además, subraya que permitir la participación de los miembros de la Comisión Permanente aumentó el universo de votantes, lo que alteró el cálculo de los dos tercios necesarios para la inhabilitación, infringiendo así el principio del procedimiento preestablecido por ley.
La sala judicial criticó la falta de "tipificación previa" y la "subjetividad absoluta" con la que se impuso la sanción a los magistrados, advirtiendo que "no existe regulación o tipificación de las infracciones constitucionales y sus sanciones". Este vacío normativo, subraya la resolución, impide una defensa adecuada y refuerza la necesidad de que el Congreso actúe con razonabilidad y proporcionalidad.
La resolución concluye que, en ausencia de una "racional tipicidad normativa", la sanción fue arbitraria y derivada de la "subjetividad absoluta de los congresistas". La sala judicial reafirma su deber de proteger el principio de interdicción de la arbitrariedad y reprimir el abuso de poder.
Crisis democrática en Perú
El pronunciamiento del Poder Judicial se produce en un momento crítico para la democracia en Perú. En junio pasado, la Junta de Fiscales Supremos, en representación del Ministerio Público, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han alertado recientemente sobre el deterioro del Estado de derecho en el país. Ambas instituciones han señalado las acciones del Congreso como una amenaza para la separación de poderes y la institucionalidad democrática.
La Junta de Fiscales Supremos, en su declaración del 12 de junio de 2024, hizo un llamado a la ciudadanía para defender la democracia y el Estado de derecho, mientras que la CIDH, el 7 de junio, advirtió que las medidas del Congreso ponen en riesgo crítico el Estado de derecho. Ambas instituciones subrayaron la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial y del sistema electoral, y de fortalecer la lucha contra la corrupción.
[Redacción: Foto de portada: Andina]
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