Paradójicamente, la derecha que domina el Congreso de Perú está llevando al país al mismo lugar que ocupan actualmente Nicaragua y Venezuela, dos dictaduras de izquierda que están fuera de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señaló, en La Mula TV, el internacionalista Farid Kahhat.
En “Encuentros Muleros” con César Azabache, el internacionalista aclaró que la soberanía es un principio del derecho internacional que no es absoluto y tiene límites. El internacionalista precisó que la soberanía no puede estar a expensas del resto de principios. Por ejemplo, si en el ejercicio de la soberanía un país suscribe y ratifica un tratado internacional eso implica una serie de obligaciones. Uno de estos tratados es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, mencionó.
Kahhat recordó que el Congreso de Perú tiene un proyecto para que el país salga de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y señaló que esto llevaría al país al mismo lugar que ocupan actualmente Nicaragua y Venezuela.
“¿En compañía de quiénes nos quiere colocar nuestra derecha congresal que tiene un proyecto para salir de la Convención Interamericana? En compañía de Nicaragua y Venezuela, dos dictaduras de izquierda, que ignoran olímpicamente las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH)”, dijo.
Nicaragua y Venezuela dependen de su relación económica con el resto del mundo, ya que Venezuela depende de sus exportaciones de petróleo y ambos países están afectados por sanciones de Estados Unidos, mencionó. "Son ermitaños en lo político, pero no en lo económico", precisó el internacionalista.
“No podemos hacer solo lo que nos dé la gana en ejercicio del principio de soberanía", aclaró.
Respecto a las posibles sanciones internacionales contra Perú por medidas antidemocráticas, Kahhat explicó que la Corte-IDH puede presentar el desacato del gobierno peruano ante la Asamblea General de la ONU y esta puede decidir si aplicar o no la Carta Democrática Interamericana y suspender la membresía del Perú, al menos la participación del país en la OEA. Además, los estados individuales y la Unión Europea (UE) pueden aplicar sanciones focalizadas contra los individuos decisores de las medidas antidemocráticas, agregó.
Por ejemplo, Guatemala fue sancionada por el intento de impedir la participación de candidatos opositores al llamado "pacto de corruptos". "Hay autoridades de entidades públicas y políticos de Guatemala que no tienen derecho a solicitar VISA para los EEUU y en algunos casos sus activos en territorio estadounidense pueden ser incautados, la UE también aplicó sanciones. No es cierto en absoluto lo que se afirma, que no hay consecuencias", resaltó Kahhat.
El internacionalista recordó el pronunciamiento de 15 países a través de sus embajadas por la ley impulsada por el Congreso para afectar a las organizaciones no gubernamentales (ONG). "Ahí también está la posibilidad de sanciones porque se habla de soberanía en un contexto en el que no es aplicable", aclaró.
Kahhat precisó que las organizaciones de la sociedad civil no pueden activar la Carta Democrática Interamericana. "No por sí mismas, pero lo puede hacer cualquiera de los estados miembros, basta con que uno lo pida y se tiene que discutir el tema o lo puede hacer también el secretario general", agregó.
En el caso de la Corte Penal Internacional, la sociedad civil puede pedir al fiscal de esta Corte que inicie una investigación o un examen preliminar para ver si hay causas para presentar demandas contra el gobierno de Boluarte por presuntos crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía puede actuar de oficio y es importante la información que se le envíe porque puede inducir a abrir investigación, destacó. En ese sentido, señaló la incoherencia de la derecha peruana que antes pidió a esta misma Corte que investigue las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
"Nuestros conservadores que presentaron demandas, o en todo caso pidieron que se investigara a Venezuela por disparar contra manifestantes y darles muerte, no quieren que se haga lo mismo en el caso de Boluarte", señaló.
Estas actitudes poco racionales de los políticos de Perú están llevando a que el país dependa cada vez más de la inversión procedente de gobiernos autoritarios como China, advirtió Kahhat. En un reciente artículo, el canciller Javier González Olaechea sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe rendir cuentas y transparentar toda la información sobre las elecciones generales del 2021, las cuales fueron calificadas por él como fraudulentas, recordó.
"No se da cuenta de que él es ministro de un gobierno que surgió de esas elecciones y que si esas elecciones fueron fraudulentas, él es ministro de un gobierno ilegítimo", dijo.
El internacionalista recordó que la derecha peruana, liderada por Fuerza Popular y Renovación Popular, denunció un supuesto fraude electoral, pero ahora Dina Boluarte es "intocable". "La vicepresidenta que ganó con fraude convertida en presidenta. Por una alquimia extraña, ese fraude se convirtió en una elección legítima", señaló.
"Lo que pasa es que es una presidenta que está a su servicio porque lo que más temen son las consecuencias legales de sus acciones en el gobierno y por eso ahora la defienden", sostuvo.
Otra de las contradicciones de la derecha peruana es que "la misma gente que dijo que este gobierno surgió de un fraude electoral es la gente que hace unos años votaba favor de que la ONU formara un grupo de expertos que investigara las violaciones a derechos humanos en Nicaragua o pedía al fiscal de la Corte Penal Internacional que investigara crímenes de lesa humanidad en Venezuela". Ahora, estos no quieren aplicar el mismo criterio para nuestro país. "Que se pongan de acuerdo consigo mismos", señaló.
Recientemente, hay cambios de posición como la reflejada en la última encuesta de Semana Eeconómica, que da cuenta de la escasa aprobación del gobierno de Boluarte entre los ejecutivos empresariales.
Dada la experiencia traumática de un gobierno tan corrupto, incompetente y potencialmente autoritario como el de Pedro Castillo, los empresarios creyeron que un gobierno de Boluarte, aliado con los sectores conservadores del Congreso, era un mal menor a preservar, señaló.
"Pero ellos mismos se están dando cuenta que este gobierno en algunos aspectos es tan mal o peor porque Castillo no tenía mayoría parlamentaria, aquí hay una alianza entre Ejecutivo y Legislativo que sí cuenta con la mayoría parlamentaria, no solo para coactar la independencia de otros poderes del Estado, sino para tomar decisiones que claramente son contraproducentes incluso para la economía del país como las normas en materia de colaboración eficaz o amnistía", señaló.
"Finalmente, la Ley de Amnistía de Rospigliosi, hay que decirlo claramente, va a beneficiar a Sendero Luminoso, también al partido al que se sirve ahora, que es el fujimormismo, pero va a beneficiar a Sendero Luminoso, ¿realmente eso es lo que queremos?", cuestionó Kahhat.
Cada vez más lejos de la OCDE. Kahhat explicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es "una organización que integra a todas las grandes democracias capitalistas de Occidente y que establece criterios de buenas prácticas que indican que eres un Estado serio, que combates la corrupción". Al respecto, señaló que la OCDE advirtió que la ley aprobada por el Congreso, que afecta la colaboración eficaz, contradice los términos en materia de lucha contra la corrupción. Además, lamentó el reciente resultado de la Prueba PISA, donde Perú es el último en Sudamérica en pensamiento creativo.
"Quien no ve las señales, vive como se dice que hacen las avestruces ante el peligro con la cabeza bajo tierra, pero creo que podemos convenir que meter la cabeza bajo tierra no es una buena estrategia para enfrentar lo que viene", señaló.
Mira la entrevista completa al internacionalista Farid Kahhat en La Mula TV:
[Foto de portada: Andina]
Más en LaMula.pe:
Alberto Fujimori no puede participar en política según la Constitución: Eloy Espinosa-Saldaña
Inscripción de Alberto Fujimori es "un desafío al sistema democrático de Perú": Antonio Maldonado
