Las mujeres víctimas de las violaciones sexuales en Manta y Vilca (Huancavelica), presuntamente cometidas por militares durante más de una década (1985-1995), en pleno conflicto armado interno, vieron truncados sus proyectos de vida, señaló, en La Mula TV, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.
En el programa "Al Filo", Rivera señaló que el Ministerio Público ha pedido el máximo de las penas para este caso de violaciones sexuales sistemáticas presuntamente cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, precisó, que esta posible pena no sea de muchos años, "a pesar de que son crímenes horrendos".
"Tenemos que advertir que, dado que hay una secuencia de crímenes o delitos que tienen un rango de tiempo de una década, hay que considerar que los delitos de violación sexual ocurridos en los años ochenta hasta el 91 tenían penas mínimas. Ahora sí, la violación sexual es un crimen horrendo; pero tengamos en cuenta que el Código Penal de 1924, vigente hasta abril del año 1991, daba la posibilidad de que si el violador se casaba con la víctima podía librarse de responsabilidad. Y eso tiene relación con las penas, que no van allá de 7 años. Ese es el rango que el Ministerio Público tiene que respetar", explicó el abogado.
"Hay una pena mayor en el caso de los hechos ocurridos entre 1993 y 1995 porque nos encontramos con otro Código Penal, que es de 1991, que apunta hacia una mayor represión de crímenes sexuales, inclusive cambia de lugar los crímenes, antes eran crímenes contra las buenas costumbres, un término absolutamente desfasado, pero eso es lo que existía como ley. En el Código Penal de 1991 ya pasa a ser un delito contra la libertad de la persona. Hay un acomodo y una modernización del tipo penal; por lo tanto, el Ministerio Público ha solicitado el máximo de las penas, que en realidad no es mucho a pesar que son crímenes horrendos. Le malograron la vida a las señoras", agregó.
En entrevista con Javier Torres, Rivera resaltó que las víctimas eran mujeres adolescentes y jóvenes, "que soñaban con ser profesionales, con salir de Manta e ir a Huancayo, que era más o menos lógico en esas épocas, y seguramente hasta el dia de hoy sigue siendo una aspiración, pero este hecho las truncó absolutamente". "En ellas hay mucho de frustración", afirmó.
El abogado del IDL destacó que, a pesar de esto, las víctimas de Manta y Vilca han transformado su vida en este proceso judicial que ha durado veinte años y que se espera que culmine mañana miércoles 19 de junio del 2024 con una sentencia justa para ellas.
Ahora, señaló, varias de las víctimas "son personas empoderadas, que tienen la capacidad de sentarse en reuniones y conversar con otras víctimas de otro tipo de delitos y ayudarlas a convencerlas de que acá hay un camino muy complicado, muy difícil, pero que resulta necesario desarrollar".
"Ese me parece que es un dato buenísimo, conmovedor, uno recuerda las historias personales de ellas y dice ¡Dios mío, la vida te transforma! Pero la justicia te hace ver que hay otras cosas que, a pesar de lo dificil que ha sido, que sí es posible embarcarse en ellas. Probablemente si alguien pregunta si te tienes que embarcar en un juicio de dos décadas, difícilmente dirá que sí. No sé cual sea el resultado mañana, pero este ya es un logro personal de verdad de grandes dimensiones para las víctimas" resaltó el abogado.
Rivera explicó que Manta y Vilca es el caso más grave de crímenes sexuales cometidos durante el conflicto armado interno. Recordó que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó este caso porque encontró una secuencia histórica de cerca de tres decenas de víctimas que vivían en el mismo lugar con historias que se repiten a lo largo de una década, entre 1985 y 1995.
"Hay una secuencia de la comisión de actos de violaciones sexuales, muchas de las que provocaron embarazos en adolescentes por actos cometidos por soldados de las bases militares de Manta y Vilca", señaló.
Con el caso presentado por la CVR, se dio cuenta de que la práctica de la violación sexual no era una acción individual de militares, sino que fue "una práctica consentida por una institución que tenía perfecto conocimiento que esto estaba ocurriendo y que simplemente dio las mayores ventajas y todas las posbilidades de que esto siga ocurriendo y que se termine utilizando como un instrumento de sometimiento de la población", explicó.
Cuando esto pasa a ser investigado por el Ministerio Público, este es absolutamente categórico y dice que estamos ante una secuencia generalizada de crimenes sexuales con un tipo de víctimas: mujeres campesinas, quechuahablantes, pobres y jóvenes. Rivera señaló que estas personas tuvieron una posición de víctimas en sus propias comunidades y durante mucho tiempo tuvieron esa condición sin ninguna puerta de desahogo como para contar sus historias. "La CVR identificó la mayoría de casos porque las mujeres víctimas tenían algún otro familiar o conocido víctima de otra grave violación a los derechos humanos", agregó el abogado.
[Foto de portada: Idehpucp]
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