La minería ilegal es un problema de gran envergadura en el Perú. Muestra de ello es que el 86 % de peruanos considera que este problema debe ser atendido por el actual gobierno, a su vez, el 67 % resalta que debe ser una prioridad, según una encuesta realizada por Ipsos en mayo de 2024 .
Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali son las regiones más afectadas por esta actividad ilícita, de acuerdo a un informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Este estudio señala que en Madre de Dios “el problema se ha vuelto inmanejable” con pérdidas de hasta US $593 millones entre 2022 y 2023. Además de la deforestación de bosques y contaminación de ríos, la minería ilegal atenta contra la biodiversidad, la salud de comunidades enteras, la paz social y la gobernabilidad.
Al respecto, la Fundación por la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) manifiesta que Madre de Dios continúa manteniéndose como el principal foco de minería ilegal en la Amazonía peruana.
“Esta actividad ilícita ha causado la deforestación de más de 31 mil hectáreas en los últimos 20 años, así como graves daños a la salud de las personas por la contaminación a causa del mercurio”, mencionan en un comunicado.
La encuesta de Ipsos también señala que el 61 % de peruanos considera que una de las principales barreras para la lucha contra la minería ilegal es la corrupción de las autoridades. Además, el 57 % considera que el actual Congreso de la República obstaculiza dicha lucha.
En ese sentido, la FCDS-Perú indica que la corrupción es un problema estructural que menoscaba el Estado de Derecho, que debilita la gobernanza ambiental al impedir el buen funcionamiento de las instituciones encargadas de controlar y sancionar la minería ilegal. El abordaje de esta problemática debe hacerse desde las políticas nacionales incluyendo la reactivación y el fortalecimiento de las comisiones regionales anticorrupción, espacios dedicados a proponer políticas para prevenir y combatir la corrupción en el país.
Otro grave obstáculo para la lucha contra la minería ilegal es el rol actual que cumple el Congreso de la República y que se ve reflejado en los resultados de la encuesta, al respecto Manuel Zapata, asesor legal de FCDS Perú, señala que “las constantes propuestas legislativas impulsadas por el Congreso son un acto cómplice para mantener al país bajo el yugo de la informalidad y la criminalidad que va más allá de la minería ilegal. Cabe recordar que la minería ilegal es una actividad que opera en el ámbito del crimen organizado que está en aumento y que ha copado territorios, desplazando y reemplazando al Estado en muchos de ellos".
Se necesita una política de Estado
No obstante, combatir esta problemática no recae solo en manos del Congreso de la República. Siguiendo los datos de Ipsos, el 60 % de los encuestados piensa que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) debería liderar la lucha contra la minería ilegal. En tanto, el 41 % cree que debería hacerlo el Ministerio de Ambiente (Minam), mientras que un 18 % responsabiliza a los gobiernos regionales.
Los resultados de la encuesta son reveladores y si bien no responden a las competencias exactas de las instituciones para hacer frente a la minería ilegal, evidencian la necesidad de atender la problemática de forma multisectorial. En ese sentido, Manuel Zapata precisa que “la minería ilegal es un delito y como tal es perseguido por el Ministerio Público y sancionado por el Poder Judicial, no obstante, el Poder Ejecutivo ha buscado enfrentar a este fenómeno criminal con la creación de diversas comisiones multisectoriales específicas y generales .. Lamentablemente los resultados de dichos esfuerzos son pobres y no han podido detener el crecimiento de la minería ilegal y menos mitigar sus impactos ambientales, sociales y económicos”.
Una muestra de la debilidad institucional son los procesos inconclusos para la implementación de políticas que hagan frente a los delitos ambientales como es el caso de la estrategia de prevención y reducción de delitos ambientales en la Amazonía elaborada por el Ministerio del Ambiente que fuera pre publicada en el año 2022 y que hasta la fecha no muestra avances. Otra deuda pendiente es la elaboración de una Política Nacional frente a los delitos ambientales o concretamente contra la minería ilegal, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por otra parte, es necesario fortalecer los controles administrativos de la minería artesanal y de pequeña escala puesto que la actividad criminal se mueve en esos espacios, esta tarea le corresponde a los gobiernos regionales quienes además tienen la función de formalizarlos.
[Foto de portada: Andina]
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