Cada vez más solos. La mayoría de integrantes del Congreso de Perú se van quedando solos por las leyes inconstitucionales que vienen aprobando. El Legislativo ha logrado unir a gremios empresariales y sindicatos en un pronunciamiento con el que rechazan el Proyecto de Ley N.° 5891/2023/CR, que modifica el Código Penal y la normativa sobre lucha contra el crimen organizado.
El pronunciamiento, firmado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Federación de Trabajadores en Construcción Civil de Perú (FTCCP), entre otros gremios empresariales y sindicatos, señala que la decisión del Congreso pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana.
El Congreso ha modificado la definición de organizaciones criminales, poniendo como requisito que para que un grupo delincuencial sea calificado como tal tenga que controlar "la cadena de valor de un mercado o economía ilegal". Con ello, advierten las empresas y sindicatos, se beneficiaría a extorsionadores, secuestradores, asaltantes, entre otros delincuentes.
El Legislativo busca que solo se considere como organización criminal a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva. Esto también beneficiaría a organizaciones involucradas en actos de corrupción, entre las cuales se podría incluir a los partidos políticos con presencia en el Congreso.
Además, el Congreso aprobó que los allanamientos deban darse con la presencia del investigado y de su abogado. Esto implicaría perder el factor sorpresa de estas intervenciones e incluso facilitaría el eventual ocultamiento de prueba de los casos, advierten las organizaciones en el pronunciamiento.
Por todo ello, los gremios empresariales y sindicatos piden al Congreso que considere sus observacones en la segunda votación del proyecto de ley. De igual manera, pidieron al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público y al Poder Judicial que mantengan una posición firme frente a propuestas que perjudican la seguridad ciudadana. "No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado", finalizaron.
Este pronunciamiento contra las decisiones del Congreso se une a otros de organizaciones de la sociedad civil de Perú y organismos internacionales que advierten que la democracia del país está en riesgo. Analistas políticos, como la exministra Mirtha Vásquez, consideran que ya estamos en una dictadura.
Esta no es la única ley cuestionada del Congreso. De manera paralela, el Legislativo ha venido aprobando leyes que promueven la deforestación, excluyen a los partidos políticos de ser calificados como organizaciones criminales, aunque algunos lo sean; buscan impunidad para los criminales de guerra y de lesa humanidad, entre otras leyes consideradas inconstitucionales. La mayoría de ellas han pasado por primera votación y la sociedad civil espera que no se promulguen.
[Foto de portada: Andina]
Más en LaMula.pe:
