La democracia en Perú se encuentra en riesgo grave. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó, este 7 de junio, que las acciones del Congreso están poniento en riesgo crítico el Estado de derecho en el país.
La CIDH recordó que durante los últimos años ha observado y alertado acerca del deterioro de la democracia en Perú.
"El uso de las facultades de control del Congreso de la República de Perú, en la forma en que han venido sido ejercidas, tienen el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo crítico", alertó.
"El ejercicio del poder ha afectado instituciones autónomas, que cuentan con un rol trascendental en la vida democrática del Estado, lo que, paralelamente, amenaza la situación de los derechos humanos. En este contexto, es apremiante tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes públicos, reconocido constitucionalmente", agregó.
A través de un comunicado, la CIDH expresó su preocupación por el posible debilitamiento del Estado de derecho en Perú. Además, resaltó que el Estado peruano debe garantizar la vigencia de la democracia y de los derechos humanos. En ese sentido, explicó que el respeto de la independencia del Poder Judicial y del sistema electoral y de los derechos humanos fortalecen la democracia.
Las medidas del Congreso contra órganos del sistema de justicia, el sistema electoral y otras instituciones democráticas que luchan contra la corrupción constituyen "intromisión de orden político", señaló. Resaltó las interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y fiscales a cargo de casos contra la corrupción.
La CIDH hizo referencia a las denuncias constitucionales que han llevado a la inhabilitación de fiscales que investigan, entre otros, casos que involucran a los congresistas o a sus líderes políticos. Mencionó las dos iniciativas de reforma constitucional, una para eliminar a la JNJ y sustitularla por una escuela de la magistratura; y otra para "reorganizar" el Ministerio Público. Esto resultaría en la destitución de las personas titulares de dichas instituciones, advirtió. También recordó la inhabilitación de dos integrantes de la JNJ en un contexto de presuntas violaciones al principio de legalidad y separación de poderes.
Por otro lado, las acciones del Congreso contra el sistema electoral afectan su independencia, advirtió la CIDH. En el trámite de los procedimientos sancionatorios impulsados por el Legislativo, han sido reiterados los señalamientos de motivaciones políticas y la falta de una base legal para su sustanciación. Por ejemplo, el presidente del JNE ha enfrentado al menos 10 denuncias ante el pleno del Congreso.
Ante ello, la CIDH reiteró que el respeto de la democracia conlleva asegurar la vigencia de un modelo de pesos y contrapesos.
"En este modelo, las distintas funciones estatales deben corresponder a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí, con el fin de establecer los límites necesarios para el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, evitar la arbitrariedad. El Estado debe velar para que las autoridades ejerzan sus funciones con estricto apego a la legalidad y al interés público", explicó.
"En contextos de elevada corrupción e impunidad, los Estados deben reafirmar su compromiso con el combate a esos flagelos mediante el fortalecimiento del sistema de justicia", agregó la CIDH.
Por ello, la CIDH pidió al Estado peruano a demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Para ello, debe adoptar medidas urgentes para el fortalecimiento del Estado de derecho, que incluyan el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos del poder público, así como las garantías para la independencia de personas operadoras de justicia, señaló.
"Sumado a lo anterior, el Congreso de la República debe, con urgencia, cesar en el uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria, y evitar adoptar reformas que amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales. Ello es esencial para recuperar de la confianza ciudadana en las instituciones públicas y confirmar la vigencia del Estado de derecho", resaltó.
De acuerdo con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un Estado de derecho se caracteriza por la división de poderes, la garantía de los derechos fundamentales, la primacía de ley por ser expresión de la voluntad general frente a las demás normas jurídicas y la soberanía nacional.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[Redacción: Jorge Paucar Albino / Foto de portada: Congreso de la República]
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