Tras una accidentada sesión en el Pleno del Congreso, Omar Cairo, abogado de la magistrada Inés Tello, lanzó una advertencia sobre el futuro de la democracia en Perú con la reciente votación en el Congreso que aprobó la inhabilitación de su patrocinada de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una supuesta infracción constitucional.
La controversia surge alrededor de la participación y el voto del legislador José Luna Gálvez, miembro de la Comisión Permanente y del partido Podemos Perú (PP), en la decisión que culminó con la inhabilitación de Tello por diez años de toda función pública. Según la Constitución y el Reglamento del Congreso, los miembros de la Comisión Permanente no pueden participar en la votación para suspender a un funcionario público.
"Artículo 100.- Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad", se lee en la Constitución.
Según Cairo, el voto de José Luna contraviene las disposiciones de la Constitución y el reglamento del Congreso, los cuales estipulan que los miembros de la Comisión Permanente no deberían participar en tales votaciones del Pleno.
Durante su aparición en el programa Así Somos de RPP, Cairo argumentó que, sin el voto de Luna, la acusación contra Tello solo alcanzó 66 votos, uno menos de los 67 requeridos para su aprobación, lo que técnicamente haría "inexistente" la decisión de inhabilitación.
"Esta es una situación de hecho que no produce ninguna eficacia jurídica, ninguna vinculatoriedad a mi patrocinada y por lo tanto ella sigue siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)", afirmó Cairo, subrayando la invalidez de la medida tomada contra Tello.
La admisión del voto de Luna por parte de la Mesa Directiva del Congreso y la validación de la inhabilitación de Tello han provocado una grave advertencia de Cairo: "El Perú dejará de ser una democracia" si se permiten tales interpretaciones y modificaciones del marco legal vigente para favorecer determinadas decisiones políticas.
La situación actual plantea un desafío significativo no solo para la independencia judicial en Perú, sino también para los principios democráticos fundamentales del país.
[Foto de portada: Congreso de la República / Flickr]
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