Las intenciones de destituir a los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es claramente la búsqueda de algunos grupos de poder de lograr capturar el sistema de justicia del país. De concretarse, la democracia -tal como lo han advertido organismos internacionales- se vería mortalmente dañada y los peruanos quedaríamos a merced del calculo y negociaciones políticas que se realizan debajo de la mesa para favorecerse mutuamente en los casos judiciales y electorales de los que tienen evidente interés.

La arremetida dio inicio cuando el 20 de abril del 2023 la institución encargada de nombrar y sancionar a jueces y fiscales emitió la Resolución n.° 404-2023-JNJ, por la cual resolvió abrir investigación preliminar de oficio contra Patricia Benavides, en su actuación como fiscal de Nación, con motivo de la condecoración efectuada por el alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López-Aliaga, con la Medalla de Lima, efectuada en ceremonia pública llevada a cabo el 8 de ese mismo mes "por haber infringido deberes de idoneidad, prohibición de mantener conflicto de intereses, toda vez que el referido alcalde tiene la condición de investigado por el presunto delito de lavado de activos, en agravio del Estado".

En respuesta, el 11 de mayo del año pasado, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó una denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por presuntamente infringir los artículos 156 inciso 3) y 139 inciso 3) de la Constitución, por haber emitido la Resolución n.° 224-2020-JNJ del 23.10.2020 J, señalando que el límite de edad es para acceder a ser miembro y no para permanecer en el cargo.

Ante el procedimiento constitucional seguido contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, en el que se pretendía su inhabilitación, la Junta Nacional de Justicia emitió el 23 de mayo un comunicado en el cual exhortó a garantizar "la independencia de los jueces y fiscales del Perú en todos sus niveles, invocando a la mayor reflexión en torno a dicha acusación constitucional teniendo en cuenta que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia".

Esto provocó que solo un día después, la congresista de Avanza País Patricia Chirinos presentara una denuncia constitucional contra los miembros de la JNJ por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, aprovechamiento indebido del cargo e infracción constitucional en la que solicitaba la destitución e inhabilitación de la función pública por 10 años.

La misma Chirinos volvió a presentar una nueva denuncia constitucional e inhabilitación contra los miembros de la JNJ, el 9 de junio de ese mismo año. Esta vez por presuntamente haber sostenido conversaciones con el presidente del Poder Judicial o haber ejercido presión para promover una posición favorable a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Días después la JNJ respondió respecto a esta acusación, negando los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo e infracción constitucional.

Al día siguiente, Chirinos presentó otra denuncia constitucional contra los miembros de la JNJ, por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales e infracción constitucional, solicitando inhabilitación por 5 años y destitución del cargo, por no haber presentado el informe anual ante el Pleno del Congreso.

¿Cómo se coordinó la caída de la JNJ?

Ante la eventual y ya coordinada inhabilitación de Zoraida Ávalos, la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, presuntamente decidió iniciar gestiones con el Congreso para la remoción de los miembros de la JNJ. Para ello, según la declaración de su exasesor Jaime Villanueva, ejecutó un nuevo mecanismo ya que el procedimiento de denuncias constitucionales tomaría mucho tiempo. Por lo que le ordenó a Villanueva coordinar con Patricia Chirinos para que ella presente al Pleno del Congreso una moción de remoción en el mes de agosto, cuando inicie la nueva legislatura.

Fuentes del Ministerio Público señalan que, conforme a lo acordado, a inicios del mes de agosto de 2023, Villanueva llamó por WhatsApp a Chirinos para comentarle "el plan" que había concertado con Patricia Benavides y su otro asesor Miguel Girao Isidro.

El plan consistía en que la congresista de Avanza País presente una moción para la remoción de los integrantes de la JNJ porque las denuncias constitucionales que había presentado anteriormente contra ellos no iba a ser efectiva para todos y demoraría mucho. Además, todo indica que Benavides tenía premura por neutralizar sus denuncias. Patricia Chirinos aceptó y le dijo que le dé unos días, de acuerdo a información de la fiscalía.

Es así como el 24 de agosto del 2023, Chirinos cumplió con su parte y presentó la moción de orden del n.° 7565, en la cual solicitó la remoción de la totalidad de los miembros integrantes de la JNJ "por haber incurrido en actos que configurarían una situación de causa grave, en aplicación del artículo 157 de la Constitución Política del Perú, proponiendo encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave".

Según las declaraciones de Villanueva, él mismo le alcanzó una ayuda memoria a Patricia Chirinos sobre el pedido de remoción de la JNJ, la cual habría sido preparada por Miguel Girao y Abel Hurtado Espinoza.

Dicha moción se fundamentaba en el pronunciamiento de la JNJ sobre el proceso de Antejuicio y Juicio Político de Ávalos Rivera; la supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República para pronunciarse a favor de la inhabilitada exfiscal de la Nación sobre la interpretación que realizó la Junta Nacional de Justicia.

Tras la presentación de la moción que buscaba la caída de los miembros de la JNJ, Villanueva cuenta que Chirinos lo llamó para decirle que "en el Congreso no querían agendarla". El ahora colaborador de la fiscalía transmitió el mensaje de la congresista a Patricia Benavides y además recomendó que para agendar la moción se tenía que buscar al presidente del Congreso, Alejandro Soto, a quien hasta ese momento no conocían.

Precisamente, el 22 de agosto del 2023, Benavides dispuso abrir investigación preliminar contra Soto por el delito de contra la administración pública en la modalidad de concusión, por los hechos conocidos como “Fábrica de Trolls”. De esto se valdría la exfiscal de la Nación para iniciar la presunta negociación con el titular del Congreso.

Fue entonces que en una reunión de Benavides con el fiscal Marco Miguel Huamán, este último manifestó que tenía el contacto para llegar con Alejandro Soto. En efecto, dos días después la exfiscal de la Nación le habría confirmado a Villanueva que había tomado contacto con el también congresista de Alianza Para el Progreso (APP).

Ese mismo día por la tarde, Abel Hurtado Espinoza, coordinador parlamentario del Ministerio Público, le manifestó a Villanueva que “la gente de Alejandro Soto” le había dicho que ya habían tenido contacto con Benavides y que habían agendado la moción para los próximo días.

Es así, que el 4 de setiembre, el Consejo Directivo del Congreso, presidido por Soto, acordó pasar a la agenda del Pleno del Congreso la moción n.° 7565. De acuerdo a información de la fiscalía, al día siguiente de haberse agendado la moción, Hurtado Espinoza le manifestó a Villanueva que la gente de Soto necesitaba reunirse urgente con él (Jaime Villanueva) porque Benavides les había dicho que toda coordinación se haga con su asesor principal.

Ante ello, deciden ir por la tarde al Congreso de la República, previa coordinación con Benavides, quien en dicha fecha se encontraba de viaje en Arequipa. Según el registro de visitas del Congreso, Villanueva ingresó a las 15:27 horas del 5 de setiembre del 2023, identificándose como Coordinador Parlamentario.

El exasesor de Patricia Benavides cuenta en su relato a la fiscalía que acudió junto a Abel Hurtado por orden de la exfiscal de la Nación para reunirse con Soto en la oficina de la Presidencia del Congreso, donde también estuvo presente su asesora, involucrada junto a él en el caso “Fábrica de Trolls”.

En la referida reunión, Alejandro Soto le dijo que en su condición de presidente del Congreso de la República podía garantizar que se debata en el pleno del congreso la moción presentada por Patricia Chirinos a cambio de que la fiscal de la Nación lo ayude en archivar la denuncia que tiene junto a su asesora por el presunto delito de concusión, de su caso llamado “Fábrica de Trolls.”

Según declaración de Jaime Villanueva, su respuesta fue que sí lo podían ayudar, pero que ello no se daría de manera inmediata. El archivamiento se daría después de un tiempo y Soto dijo que aceptaba el acuerdo. En ese momento se fijó que el 7 de septiembre del 2023 sea la fecha donde la moción de orden del día presentada por Chirinos sea votada.

Al término de la reunión, Villanueva le comunicó a su jefa lo que había acordado con el presidente del Congreso. Es así que Patricia Benavides le indicó que lo solicitado por Soto lo coordinaría con el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, quien estaba a cargo de la investigación, según el relato del colaborador de la fiscalía.

Llegado el 7 de septiembre, la agenda del pleno de aquel día incluía “la moción de orden del día de interés nacional, la moción n.°7565”. Tras el anuncio, Soto le otorgó la palabra a Patricia Chirinos para que exponga su pedido de admisión a debate.

La admisión de la referida moción se aprobó con 82 votos a favor, 23 votos en contra y 6 abstenciones. Entonces se procedió a su debate por el pleno del Congreso, donde la congresista de Fuerza Popular Martha Moyano solicitó que se amplíe el plazo de investigación de 7 a 14 días en la Comisión de Justicia.

La propuesta fue aceptada por Chirinos, por lo que posterior a ello Alejandro Soto sometió a votación la aprobación del acuerdo de la referida moción. El resultado fue 78 votos a favor, 22 votos en contra y 7 abstenciones. Es así que la moción n.° 7565 fue aprobada con con el siguiente texto: “1. ACUERDO: Encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave, conforme al artículo 157 de la Constitución, y en atención a los hechos expuestos en la parte considerativa de la presente moción 2. PLAZO: La Comisión de Justicia y Derechos Humanos presenta su informe en el plazo de 14 días hábiles”.

El 21 de setiembre la congresista Janet Milagros Rivas, entonces presidenta de la Comisión de Justicia, presentó ante el presidente del Congreso de la República, el informe preliminar de la moción 7565 y solicitó la ampliación del plazo por catorce (14) días hábiles más, para culminar el encargo. Su pedido fue debatido ese mismo día y aprobado con 85 votos a favor, 10 votos en contra y 9 abstenciones.

Es así, como Milagros Rivas presentó el 20 de octubre ante Alejandro Soto el oficio n.° 0343-2023-2024/CJDDHH-CR, mediante el cual remitió el informe final sobre el encargo del Pleno del Congreso de la República relacionado a la moción contra los miembros de la JNJ. Ante dicha comunicación, en sesión de la Junta de Portavoces del 31 de octubre, se decidió agendar el debate y aprobación del informe final en mayoría y minoría de la Comisión de Justicia para la sesión del pleno del 2 de noviembre. Aquel día el presidente del Congreso, al instalarse la sesión, manifestó que se realizaría finalmente el 8 de ese mismo mes. En la cual, en el marco del debido proceso parlamentario, se citaría a los integrantes de la JNJ para que puedan ejercer su derecho de defensa.

Según la declaración de Jaime Villanueva revelada hace unas semanas, el interés de Patricia Benavides de contar con el respaldo de Fuerza Popular en las denuncias que existían en su contra en el Congreso se habrían coordinado en el año 2022 con la congresista Martha Moyano.

Para que se concrete el apoyo mutuo entre la entonces fiscal de la Nación y la bancada fujimorista, Moyano habría recibido en su despacho, sin registrar sus ingresos, al entonces asesor de la Fiscalía de la Nación Jaime Villanueva. Del mismo modo, cuando la parlamentaria fujimorista concurrió al Ministerio Público para tales coordinaciones, Villanueva consiguió que tampoco se registren sus ingresos.

Las entradas de Moyano se habrían realizado por el sótano del edificio de la sede principal del Ministerio Público, utilizando el ascensor de la exfiscal de la Nación. Por lo que no existen registros de tales ingresos.

Posteriormente, según refiere Villanueva, la exfiscal de la Nación habría logrado un canal de comunicación directo con la alta dirección de dicho partido, haciendo presuntamente referencia a la lideresa del mismo, Keiko Fujimori. De acuerdo a información de la fiscalía, dichas coordinaciones se habría traducido en el respaldo de la bancada fujimorista en los asuntos que habrían sido de interés de Benavides: los resultados de las votaciones en el caso de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la admisión de la moción de orden que proponía encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la investigación sumaria a los miembros de la JNJ por causa grave. En ambas votaciones se obtuvo por parte de la bancada de Fuerza Popular 17 y 21 votos a favor, respectivamente.

El 7 de noviembre del 2023, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución N.° 02 del 7.11.2023 concedió, en parte, la medida cautelar solicitada por los demandantes (miembros de la JNJ), y dispuso suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación contra los magistrados de la JNJ, cuyo informe final se debía debatir y votar el 8 de noviembre.

Según la declaración de Villanueva, el mismo 7 de noviembre Patricia Benavides lo llamó para decirle que había coordinado con la alta dirección del partido político “Fuerza Popular” y le habían asegurado que su bancada votaría a favor de la moción de remoción de los miembros de la JNJ. Sin embargo, según cuenta el testigo, necesitaban que el Ministerio Público aperture investigación contra los jueces que otorgaron la medida cautelar. Pedido que fue concedido por Benavides ya que al día siguiente se abrió investigación preliminar contra los jueces superiores que dictaron la medida cautelar.

Como se sabe, ese día no se produjo la votación, ya que tal como señala Villanueva era previsible, pues previo a ello, en coordinaciones con Moyano, esta última le había dicho lo siguiente: “tu jefa está que presiona a mi jefa, pero aquí no hay acuerdo entre bancadas”. Ante ello, según información del Ministerio Público,Benavides le habría ordenado a Marco Huamán Muñoz que presente la denuncia contra la congresista fujimorista María Cordero Jon Tay y se tenga la lista de denuncias que se iban presentar para enviarles “un mensaje” a los integrantes del partido político “Fuerza Popular”. El mensaje de Benavides era claro: si no cumplían con los acuerdos se iba a proceder a denunciarlos.

Ante este escenario, el mismo 8 de noviembre, en la sesión del pleno del Congreso de la República, Alejandro Soto informó que la procuraduría pública del Poder Legislativo había presentado una apelación a la medida cautelar emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Además, al no haberse presentado los miembros de la JNJ en la sesión convocada para aquel día, se reprogramaría la citación oportunamente. Lo que pasó después ya lo conocemos.