Tras la suspensión definitiva del Corredor Morado, la ciudad de Lima enfrenta una situación crítica en su sistema de transporte público, una medida que ha sido descrita como un "día negro" para la capital por Mariana Alegre, directora ejecutiva del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, en declaraciones a RPP.
Esta paralización surge debido a una deuda pendiente del Estado, ascendente a cerca de S/ 300 millones, afectando directamente a cientos de usuarios que utilizaban este servicio para desplazarse entre San Juan de Lurigancho y la avenida Brasil.
En respuesta a la crisis, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) ha implementado un plan de contingencia que involucra la operación de más de 500 buses pertenecientes a siete empresas de transporte. Sin embargo, esta solución ha sido criticada por representar un paso atrás en los esfuerzos de reforma del transporte, señalando el retorno al modelo de la 'combi asesina', un término utilizado localmente para describir los servicios de transporte informal y peligrosos.
Alegre ha expresado su preocupación por la falta de acciones gubernamentales adecuadas para solucionar los problemas de los usuarios afectados por la suspensión del Corredor Morado. Según indica, este retroceso no solo afecta la movilidad dentro de la ciudad sino que también aumenta la presión sobre otros medios de transporte, impactando negativamente en los costos y tiempos de viaje de los ciudadanos.
La situación en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, es particularmente tensa, con muchos residentes expresando confusión y preocupación por la discontinuación del servicio. A pesar de la incertidumbre, la mayoría de los ciudadanos han optado por esperar los buses autorizados en lugar de recurrir al transporte informal, demostrando la dependencia de la comunidad en los servicios de transporte público formal.
La paralización del Corredor Morado no solo representa un desafío logístico para los residentes de Lima sino que también subraya la necesidad de una gestión más eficaz y transparente en la implementación de las políticas de transporte público, garantizando la seguridad jurídica y el bienestar de los usuarios.
[Foto de portada: Andina]
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