La Fiscalía de la Nación se encuentra bajo una presión sin precedentes, con un proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular, que busca declarar en emergencia el Ministerio Público y remover a todos los fiscales supremos. Esta propuesta surge en un momento crítico, donde 45 congresistas están bajo investigación por diversos delitos, según el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana.
En un mensaje a la ciudadanía, Villena expresó su preocupación por la propuesta legislativa del representante de Renovación Popular. Esta iniciativa, según Villena, propone una destitución masiva de fiscales supremos bajo el argumento de haber perdido la idoneidad para sus cargos debido a conductas inapropiadas.
Villena criticó el proyecto, advirtiendo que representa un intento de desestabilizar el orden constitucional y democrático del país, rememorando prácticas de los años 90 que resultaron en la destitución de numerosos fiscales y tuvieron graves repercusiones. Calificó la medida como "abiertamente inconstitucional y arbitraria", sugiriendo que su verdadero objetivo es obstruir investigaciones en curso contra altas autoridades, incluyendo casos de corrupción y abusos de poder.
El fiscal de la Nación interino cuestionó directamente a los promotores del proyecto, preguntando si ya tenían preparados los nombres de sus posibles reemplazos, aludiendo a prácticas pasadas de reemplazo arbitrario de fiscales. Hizo un llamado a los legisladores a abstenerse de presentar proyectos que atenten contra la independencia de la Fiscalía, instando a que cualquier fiscal implicado en irregularidades sea investigado por los órganos competentes.
Además, Villena hizo referencia al testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ha sacudido no solo al Ministerio Público sino también a otras esferas del poder en Perú. En este contexto, el fiscal interino apeló a la ciudadanía a permanecer vigilante y aseguró su independencia y falta de compromisos ocultos con cualquier alto funcionario o periodista.
El proyecto de ley presentado por el congresista Montoya propone una intervención radical en el Ministerio Público, declarándolo en estado de emergencia y reorganización.
El texto del proyecto especifica: "Declárese por única y excepcional oportunidad en emergencia y reorganización institucional al órgano autónomo constitucional Ministerio Público, en consecuencia, dispóngase el cese extraordinario e inmediato de los fiscales supremos titulares..." (Artículo 1). Además, propone que "Los cargos de fiscales supremos titulares... serán cubiertos por los fiscales superiores titulares del país en orden de antigüedad..." (Artículo 2), estableciendo un plazo de 180 días para la evaluación y separación del personal no idóneo y la implementación de reformas necesarias.
La exposición de motivos del proyecto de ley señala una crisis política exacerbada por la gestión de Pedro Castillo, destacando casos de corrupción y la venta de ascensos en la carrera policial como ejemplos de la descomposición de la gestión pública. Montoya argumenta que esta situación ha tenido graves repercusiones en el sistema de justicia, citando la suspensión de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, como un reflejo del manejo deficiente de investigaciones importantes.
Este proyecto legislativo ha generado preocupación por sus potenciales implicaciones en la independencia del Ministerio Público y en la prosecución de investigaciones clave, incluidas aquellas que involucran a altos funcionarios y congresistas. La propuesta es vista por críticos como un intento de controlar y politizar una institución esencial para el mantenimiento de la democracia y el Estado de derecho en Perú.
En paralelo, declaraciones recientes de Alberto Fujimori han dado más señales de un posible acuerdo político para mantener a Dina Boluarte en el poder hasta 2026, lo que sugiere una estrategia de Fuerza Popular para asegurar su influencia en el escenario político peruano. Estas declaraciones, junto con los esfuerzos por reestructurar la Fiscalía, reflejan un intento de consolidar el control sobre instituciones clave, en un contexto marcado por investigaciones de corrupción y críticas a la gestión gubernamental.
Análisis como los de la periodista Jacqueline Fowks han expresado preocupación por estos movimientos, advirtiendo sobre el riesgo de una degradación institucional prolongada y la posibilidad de que el país repita errores del pasado. La situación actual pone de manifiesto la importancia de la prensa y la labor periodística en la lucha contra la corrupción, en un momento donde la independencia judicial y la libertad de expresión parecen estar en juego.
[Foto de portada: Andina]
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