El Congreso peruano ha propuesto recientemente la implementación de jueces sin rostro para juzgar casos de crimen organizado, una medida que busca proteger la identidad de los magistrados frente a posibles represalias.
El legislador Juan Burgos, representante de Unidad y Diálogo Parlamentario, ha introducido una propuesta legislativa que busca establecer tribunales anónimos dedicados al procesamiento de grupos delictivos de alta peligrosidad, que representan una amenaza para la seguridad de jueces y fiscales, intentando así evitar ser llevados ante la justicia. Esta medida tiene como fin último ocultar la identidad de los jueces para reforzar el combate contra el crimen organizado.
De acuerdo con el artículo 2° de la propuesta, se otorgaría al Poder Judicial la facultad de formar e implementar estos tribunales especiales en las fases de investigación, juicio y penalización de los acusados por crimen organizado.
Se especifica que la identidad de los jueces y fiscales involucrados en estos procesos será confidencial, manteniéndose en secreto según los procedimientos dictados por el Poder Judicial. Además, se establece que los funcionarios judiciales no necesitarán firmar las resoluciones judiciales, ya que su identificación se salvaguardará mediante códigos específicos utilizados por el Poder Judicial.
Es importante recordar que en la década de los 90, Perú ya experimentó con la implementación de jueces sin rostro, aunque en aquel entonces se aplicaron dentro del ámbito de la justicia militar, a diferencia de esta nueva propuesta que se dirige al sector de la justicia civil.
Este concepto de tribunales anónimos no es exclusivo de Perú; tuvo sus orígenes en Italia para enfrentar a la mafia local y ha sido adoptado en Brasil desde 2019 por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, extendiéndose a otros estados brasileños para casos de narcotráfico y terrorismo. Asimismo, Nayib Bukele ha implementado esta figura en El Salvador para combatir a las pandillas.
En la justificación de su propuesta, el congresista Burgos advierte sobre el creciente peligro que representan las organizaciones criminales, las cuales no dudan en confrontar al Estado, llegando a asesinar a policías, alcaldes y funcionarios públicos. Cita un incidente ocurrido el 18 de agosto de 2023 en Junín, donde Elio Bueno Gaspar amenazó de muerte al juez Zenón Salvatierra para conseguir su liberación, y hace referencia al asesinato del fiscal César Suárez en Ecuador, quien investigaba la ocupación de un canal de televisión por bandas criminales, un evento que ha exacerbado la crisis de seguridad en ese país.
Entre la seguridad y la justicia
La propuesta legislativa surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad y la eficacia del sistema judicial en el combate contra las organizaciones criminales. Sin embargo, la historia reciente del país ofrece un testimonio cautelar sobre los riesgos de tales medidas. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, los tribunales sin rostro fueron criticados por violaciones al debido proceso y derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y la falta de garantías judiciales básicas.
Historia de los jueces sin rostro en Perú
En los años 90, los jueces sin rostro se convirtieron en una herramienta controversial en la lucha contra el terrorismo en Perú. Estos tribunales, caracterizados por el anonimato de sus jueces, fueron instaurados con la intención de proteger a los magistrados de represalias. Sin embargo, esta práctica llevó a numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, juicios sin las debidas garantías, y el uso de la tortura para obtener confesiones.
Principales problemas y consecuencias
Violaciones al Debido Proceso: Los acusados enfrentaban restricciones en su derecho a una defensa adecuada, y la anonimidad de los jueces comprometía la imparcialidad de los juicios.
Encarcelamiento de Inocentes: Informes de organizaciones como Human Rights Watch documentaron casos de personas inocentes encarceladas basadas en confesiones obtenidas bajo tortura.
Uso de la Tortura: La tortura se utilizó como método de interrogatorio, con confesiones bajo coacción aceptadas como evidencia válida.
Falta de Independencia Judicial: La independencia judicial se vio comprometida, afectando la imparcialidad de los juicios.
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