Escribe: Alexander A. Antialón*
Dice el comunicado: “Ante la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el Perú expresa su preocupación y hace un llamado a las autoridades de dicho país a cumplir con los Acuerdos de Barbados…”
Los acuerdos de Barbados se realizaron entre el ejecutivo (oficialismo) y la plataforma unitaria (oposición). Nada tiene que ver en las negociaciones el Tribunal Supremo de Justicia (poder judicial).
En los acuerdos de Barbados las partes referidas se comprometieron a promover elecciones libres y transparentes brindando facilidades a los candidatos, pero siempre en el marco de la legalidad. Hubiese sido escandaloso que el ejecutivo se comprometiera a intervenir en el poder judicial para favorecer a un potencial candidato.
Luego de los acuerdos de Barbados, las partes coincidieron en un “procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación” ante el TSJ, pero al mismo tiempo todos se comprometieron a respetar la decisión de este máximo órgano judicial.
En el caso de Machado, ella ya se encontraba inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años desde setiembre del 2021 y el pasado viernes, el TSJ, ante el recurso de Machado, solo ratificó su inhabilitación.
Además de lo señalado, debe tenerse cuidado en no contravenir el principio de no intervención en asuntos de la política interna (elección presidencial).
* Alexander A. Antialón es un reconocido académico en Derecho y Ciencias Políticas, candidato a Doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magíster en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
[Foto de portada: EFE / Miguel Gutiérrez]
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