La situación en el Ministerio Público se agrava con casi 500 trabajadores del régimen CAS enfrentando la posibilidad de perder sus empleos. A pesar de los 120 millones adicionales otorgados al Ministerio Público, la institución amenaza con despedir a este grupo de trabajadores.
En setiembre del 2023, se convocó a la contratación de 573 plazas para el cargo de Asistentes en Función Fiscal para la Coordinación de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad. De esa convocatoria, al menos 450 personas de todo el país ganaron y firmaron contrato en Lima el día 31 de octubre del 2023 e inciaron laborales el 2 de noviembre del mismo año.
Los trabajadores denuncian que, el 6 de noviembre, "bajo la fachada de inducción" fueron distribuidos a diferentes despachos en todo el país.
"Dicho concurso no tenía finalidad de descarga, ni límite temporal a corto plazo como se puede observar en las bases subidas a la página oficial del Ministerio Público", señalan los trabajadores.
La crisis en el Ministerio Público, provocada por la anterior gestión de Patricia Benavides, suspendida por presuntos actos de corrupción, ha exacerbado el problema. Marena Mendoza Sánchez fue removida de la Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad. En diciembre del 2023, Mendoza ya había adelantado que las 421 peronas que laboran a nivel nacional no eran necesarias.
"La Ley de Presupuesto y los cambios que siguen dándose en la institución, dejó en manos de sus trabajadores, no solo llevar su carga laboral, sino salir a las calles y luchar por sus derechos", señalan los representantes de los trabajadores en un comunicado.
Producto de esta lucha, que incluye al Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público y los más de 400 trabajadores a nivel nacional, se logró la adenda por un mes, que vence el próximo 31 de enero.
La reciente coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, Raquel Cárdenas Manrique, enfrenta críticas por su negativa a dialogar con los representantes de los trabajadores afectados por la falta de renovación de contratos. Esta situación compromete seriamente la eficacia y continuidad de los servicios en los despachos fiscales. A pesar de que la coordinación de estas fiscalías implica la responsabilidad de gestionar eficientemente la institución, las respuestas actuales de Cárdenas Manrique sugieren que no considera las renovaciones de contrato como parte de sus obligaciones.
Los trabajadores, cuyas expectativas profesionales se ven amenazadas por esta gestión deficiente y la supuesta escasez de fondos, se encuentran en una situación precaria. A pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignó una ampliación presupuestaria de 120 millones de soles para estas fiscalías, más de 400 Asistentes en Función Fiscal enfrentan un despido masivo, lo que afecta no solo sus derechos laborales sino también el bienestar de sus familias.
Ante esta incertidumbre, los trabajadores, que se sienten abandonados por una entidad que les prometió una carrera pública, están considerando la posibilidad de emprender acciones legales para defender sus derechos, en caso de no recibir respuestas favorables a sus demandas.
Según un informe de Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, la falta de personal administrativo y especializado en el área de peritaje afecta gravemente la calidad y eficiacia de las investigaciones y procesos judiciales.
[Foto de portada: Andina]
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