En la audiencia judicial del caso Frontón, que investiga las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1986 en el penal de El Frontón, realizada el 18 de enero, está bajo la lupa por presuntas irregularidades. La audiencia, parte de un proceso penal en fase de juicio oral, podría enfrentar la nulidad y la invalidez de los testimonios presentados, debido a la posible ausencia de uno de los tres magistrados.
El presidente de la Sala, Hans Contreras, no informó a las partes procesales sobre la enfermedad del juez Otto Verapinto al inicio de la audiencia. Contreras asumió la dirección de debates, alegando celeridad, sin revelar el verdadero motivo del cambio. Esta omisión podría constituir una falsedad genérica.
La responsabilidad de monitorear todas las audiencias y reportar incidencias recae en la Presidencia de la Corte, a cargo de Octavio Sahuanay Calsín, y la Administración del Módulo Penal, liderada por Ingrid Nevado Sotelo. Sin embargo, no se ha emitido pronunciamiento alguno por parte de estas autoridades, ni se ha iniciado procedimiento frente a la Autoridad Nacional del Poder Judicial. Esto evidenciaría la protección o falta de atención por parte de las autoridades de la Corte.
Según se observa en el video de la audiencia al que tuvo acceso LaMula.pe, el magistrado Verapinto estuvo conectado con su usuario institucional, pero en ningún momento activó su audio o cámara. La asistente de actas informó de problemas técnicos y sugirió que el magistrado se conectara desde otro dispositivo. Posteriormente, el magistrado se conectó desde su celular e informó que tenía descanso médico. Esto sería indicador de que nunca estuvo presente en la sede desde donde su usuario institucional se conectó al inicio de la audiencia.
De acuerdo a un artículo de la Escuela de Graduados en Educación Pública y Derecho (EGEPUD), la importancia del principio de inmediación en el proceso penal, especialmente en casos de esta magnitud, es crucial para garantizar la justicia y la transparencia. La inmediación implica que los jueces deben estar presentes y atentos durante todo el desarrollo del juicio, para evaluar directamente las pruebas y testimonios. La ausencia de uno de los jueces y la falta de transparencia en la comunicación de este hecho a las partes involucradas pone en duda la integridad del proceso y podría tener consecuencias significativas en la búsqueda de justicia en este caso emblemático.
Como se recuerda, El caso Frontón, que involucra la muerte de más de doscientos internos durante los motines de 1986, es un episodio oscuro en la historia del Perú. La Comisión de la Verdad y Reconciliación afirmó que los internos perdieron la vida por el uso deliberado y excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado, incluso después de haberse rendido y estar bajo control. Este caso ha sido objeto de análisis por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y ha generado un amplio debate sobre la violación de derechos humanos y la necesidad de justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.
[Foto de portada: Andina]
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