Ruth Bárcena Loayza, presidenta de la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, se ha convertido en un símbolo de resistencia y dolor en la lucha por la justicia y la memoria en Perú. Viuda de Leonardo David Ancco Chacca, asesinado durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, Bárcena ha enfrentado su tragedia personal.
El sábado 20 de enero de 2024, Bárcena fue detenida tras un incidente en el que increpó a la presidenta Dina Boluarte durante una actividad oficial en Ayacucho. “Mataron a mi esposo, ¿voy a estar tranquila yo?”. Posteriormente, fue liberada, pero el Gobierno anunció que tanto ella como otra mujer involucrada en el incidente serían capturadas y denunciadas.
Anteriormente, en una entrevista para SER Región, Bárcena describió a su esposo como una persona saludable y amante de la vida, trabajador en empresas como operador de maquinaria. Refutando las acusaciones de terrorismo y comunismo lanzadas contra los manifestantes, Bárcena enfatizó que ni su esposo ni los otros fallecidos en Ayacucho tenían antecedentes de este tipo.
"En Lima mismo, nos han gritado que éramos comunistas y terroristas, mi esposo no ha sido ningún terrorista ni un comunista", afirmó Bárcena.
Bárcena ha sido una voz crítica contra el Gobierno y la fiscalía. En noviembre de 2023, acusó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de utilizar la memoria de los fallecidos para desviar la atención de su supuesta implicación en una red criminal. Exigiendo justicia, verdad, reparación y memoria, Bárcena ha pedido una pensión de orfandad para los hijos de las víctimas y trabajo digno para los sobrevivientes.
"Han matado también a los que quedamos", expresó Bárcena, destacando el dolor y el vacío dejado por la pérdida de sus seres queridos.
En una conferencia de prensa a medios internacionales, Bárcena expresó su indignación y dolor por la represión y el trato discriminatorio hacia los manifestantes: "No somos terroristas, somos serranos, campesinos que nos dedicamos a la chacra". Esta declaración resaltó la percepción de un sesgo racista en la respuesta del gobierno a las protestas, especialmente en las regiones andinas del sur y suroeste de Perú, marcadas por grandes brechas sociales.
Amnistía Internacional (AI) ha advertido sobre graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de protestas sociales en Perú. Según AI, la represión letal es otra muestra del desprecio hacia la población indígena y campesina por parte de la policía.
"Se trata de ataques generalizados contra la población con la intención de castigar y silenciar a aquellas personas que ejercen su legítimo derecho", afirmó Érika Guevara, directora para las Américas de AI.
Bárcena ha sido firme en su demanda de justicia y en la participación activa en el proceso de investigación.
"Con la fiscal que nos han asignado hemos tenido muchas dificultades, por ello hemos levantado 11 actas con diferentes problemáticas", explicó, subrayando los obstáculos y la falta de transparencia en el proceso judicial.
La lucha de Bárcena va más allá de la búsqueda de justicia para su esposo; representa la voz de muchas otras víctimas y familiares afectados por la violencia y la represión estatal.
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