A dos años del derrame de petróleo en el Terminal Portuario Multiboyas 2 de la Refinería La Pampilla - Repsol, un informe elaborado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, presidida por la congresista Ruth Luque Ibarra, ha arrojado luz sobre la magnitud del desastre y la insuficiente respuesta estatal y corporativa.
El informe concluye que el derrame de enero de 2022 causó un impacto devastador en el ambiente y en la población del litoral peruano, con 71 formaciones costeras, 2 áreas naturales protegidas, 6 islas/islotes y 2 zonas submareales aún afectadas. La información técnica indica que aún no se puede asegurar que la zona esté libre de hidrocarburos.
La emergencia ha expuesto la debilidad de los organismos de supervisión y la falta de coordinación efectiva entre los sectores y organismos adscritos. La respuesta estatal ha sido insuficiente, revelando problemas y desafíos que exigen una reforma normativa urgente sobre emergencia ambiental y responsabilidad por daño ambiental.
Hasta la fecha, no se han aprobado ni implementado planes de rehabilitación. De los 18 planes presentados por Repsol, solo uno ha sido admitido a trámite, mientras que los demás siguen en revisión. Además, no existe un estudio de identificación y valoración del daño ambiental causado por el derrame.
La subsistencia económica de la población afectada, que depende principalmente de la pesca y el turismo, sigue siendo una preocupación crítica. La reactivación de estas actividades es fundamental, pero debe realizarse de manera gradual y responsable, garantizando la seguridad de las personas.
Las acciones de Repsol han sido ampliamente cuestionadas por las comunidades afectadas, que han tenido que organizarse para exigir la limpieza, rehabilitación y garantías de no repetición. La empresa estima que ha gastado más de 1000 millones de soles en tareas de limpieza, remediación y compensación social, pero la rehabilitación de los sitios afectados y la compensación justa a la población directamente afectada siguen pendientes.
La Defensoría del Pueblo ha urgido al Ejecutivo a iniciar la rehabilitación ambiental en las áreas afectadas, especialmente en Ventanilla, donde los residentes locales continúan enfrentando desafíos significativos para recuperar su modo de vida.
Recomendaciones del Informe:
El informe de la Comisión del Congreso hace varias recomendaciones clave, entre ellas:
A la empresa Refinería la Pampilla S.A.A. (RELAPASAA) se le insta a levantar las observaciones de los planes de rehabilitación, compensar de manera justa a las personas afectadas, e implementar medidas para la prevención y mitigación de futuros desastres ambientales.
A la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se le recomienda impulsar la coordinación entre entidades públicas competentes y garantizar la participación efectiva de las organizaciones sociales en la "Mesa de Diálogo".
Al Ministerio del Ambiente (MINAM) se le sugiere promover la restauración de los ecosistemas marinos y costeros afectados y concluir el estudio de identificación y valoración de los daños ambientales.
Al Ministerio de Salud (MINSA) se le pide fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres ambientales y continuar con el monitoreo sanitario en las áreas impactadas.
Al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se le solicita evaluar y aprobar los planes de rehabilitación presentados por RELAPASAA.
Al Ministerio de la Producción (PRODUCE) se le recomienda brindar asistencia técnica y financiamiento a las personas afectadas para reactivar sus actividades económicas.
Al Instituto del Mar Peruano (IMARPE) se le insta a continuar con el monitoreo de los impactos ambientales del derrame.
Al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se le pide continuar con la fiscalización de los impactos ambientales y la implementación de los planes de rehabilitación.
A las Municipalidades distritales se les sugiere desarrollar programas y proyectos en beneficio de las personas afectadas.
Al Congreso de la República se le recomienda establecer un pleno temático ambiental y de pueblos indígenas para debatir y aprobar iniciativas legislativas que mejoren las normativas frente a daños ambientales y continuar con la fiscalización y seguimiento de las responsabilidades de la empresa y las entidades del Estado.
Lee el informe completo aquí:
[Foto de portada: Comisión de Pueblos del Congreso de Perú]
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