En respuesta a una serie de desalojos y la falta de cumplimiento de promesas por parte del alcalde Ulises Villegas, los comerciantes informales del distrito de Comas marcharon el último lunes 8 de enero. La movilización, organizada por la Federación de Comerciantes y Emprendedores de Comas, buscó establecer un diálogo con las autoridades municipales para abordar la problemática del comercio ambulatorio en la jurisdicción.
Israel Soto, presidente de la Federación, expresó su decepción con el alcalde Villegas, quien, según él, incumplió su compromiso de campaña de apoyar a los trabajadores informales en su reubicación y formalización. La marcha, que representa a unas 17 asociaciones con aproximadamente 8 mil afiliados, surge tras advertencias de desalojos inminentes, similares a los ocurridos en el mercado de Chacracerro el 1 de enero.
Soto remarcó que, a pesar de la aprobación del TUPA por la Municipalidad de Comas, que establece condiciones para el comercio en espacio público, la Subgerencia de Licencias y Promoción Empresarial de la comuna no ha aceptado los trámites de los comerciantes para obtener las autorizaciones necesarias. Esto ha resultado en intimidaciones a los dirigentes, decomisos de mercadería y amenazas de desalojo.
Los comerciantes, que contribuyen con una tasa diaria al municipio por la recolección de residuos sólidos, han buscado su formalización y no pretenden ocupar el espacio público indefinidamente. El Fondo para la Formalización del Trabajador Ambulante de Comas (FONTA Comas), creado en 1997, es un ejemplo de sus esfuerzos para la reubicación y formalización. Sin embargo, la crisis sanitaria ha obligado a muchos a devolver los aportes para cubrir gastos urgentes.
Soto enfatizó que el empleo informal es una respuesta al problema social de la falta de trabajo, agravado por la pandemia. "Con el liderazgo del municipio podríamos encontrar soluciones que permitan la subsistencia de miles de personas que ahora solo podemos sobrevivir y llevar honradamente el alimento a nuestras familias", subrayó.
La situación en Comas refleja un desafío más amplio que enfrentan muchos distritos en Lima y otras ciudades del Perú, donde el equilibrio entre el orden público y el derecho al trabajo sigue siendo un tema de debate y preocupación.
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