En un fallo histórico, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica ha revocado una sentencia de primera instancia y ha dictaminado a favor de los demandantes en un caso de contaminación ambiental por metales pesados en Huancavelica y Sacsamarca. La sentencia, fechada el 14 de diciembre de 2023, establece medidas cruciales para abordar esta crisis ambiental y de salud pública.
La sentencia ordena al Estado peruano a:
1) Emita declaratoria de emergencia ambiental;
2) Declare que la ciudad de Huancavelica y la comunidad de Sacsamarca son sitios contaminados por polimetales;
3) Incluya a Huancavelica y Sacsamarca en los planes de descontaminación por mercurio en el ámbito del Convenio de Minamata;
4) Asuma la remediación de ese pasivo minero de origen colonial.
Desde el año 2010 a la fecha, el Consejo de Salud Ambiental, en convenido con la Universidad Nacional de Huancavelica, viene midiendo el grado de afectación ambiental y con ello confirmó que en distintos puntos de la ciudad de Huancavelica y de la Comunidad de Sacsamarca los niveles de mercurio, arsénico y plomo sobrepasan en mucho los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), establecidos por el Ministerio del Ambiente (Minam). Estos resultados motivaron un estudio de Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, institución gubernamental peruana, que los ratificó.
La Defensoría del Pueblo, que ha jugado un papel clave en este proceso, ha saludado la decisión judicial. La institución presentó un amicus curiae en 2021, destacando las severas consecuencias de la contaminación en suelos y la salud de la población en Huancavelica. La decisión judicial reconoce el daño ambiental significativo causado por la presencia de metales pesados, deteriorando el ambiente y la salud pública, con especial gravedad en niñas, niños y adolescentes.
La contaminación en Huancavelica se remonta a la época colonial, con la explotación de la mina Santa Bárbara, una de las minas de mercurio más importantes del mundo, conocida como la "mina de la muerte" por la alta tasa de mortandad entre sus trabajadores. A pesar de su cierre en la década de 1970, dejó una estela de pasivos ambientales.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que aproximadamente 19,000 personas están afectadas en su salud por esta contaminación. La sentencia insta a las autoridades a elaborar un plan de remedición y a implementar medidas ambientales a favor de la población expuesta a mercurio, plomo y arsénico.
Esta decisión judicial responde a un proceso iniciado en 2021 por la comunidad campesina de Sacsamarca, basándose en informes técnicos que denunciaban elevados niveles de plomo, arsénico y mercurio en el suelo y aire. La Defensoría del Pueblo continuará vigilante de las acciones que se dispongan para atender de manera efectiva esta problemática y salvaguardar la salud de la población afectada.
[Foto de portada: Inforegión]
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