El Ministerio Público de Perú se encuentra en un proceso de evaluación de acciones legales en respuesta a los recientes decretos legislativos que otorgan a la Policía Nacional del Perú (PNP) la capacidad de realizar investigaciones preliminares sin la presencia de un fiscal. Estos cambios podrían enfrentar desafíos legales por posibles conflictos con la Constitución peruana.
El Ministerio Público está considerando seriamente las implicaciones de estos decretos, particularmente el Decreto Legislativo 1605, que modifica el Código Procesal Penal para permitir que la PNP lleve a cabo ciertas diligencias investigativas de manera autónoma. Esta medida ha sido vista como un retroceso en términos de garantías procesales y un debilitamiento del rol del Ministerio Público en el sistema de justicia penal.
En un comunicado, la Junta de Fiscales Supremos aclaró que el Ministerio Público, titular de la acción penal, en ningún momento fue convocado por el Poder Ejecutivo para emitir opinión o posición institucional sobre este tema.
"El Ministerio Público precisa que la potestad policial de la investigación del delito, consagrado en el artículo 166 de la Constitución Política, no puede ser interpretado aisladamente y está vinculado con el inciso 4 del artículo 159 de la citada norma, la cual expresa que la Policía Nacional del Perú está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público. En tal sentido, la fiscalía seguirá cumpliendo su rol, de acuerdo con el modelo establecido por la Carta Magna", precisa la Junta de Fiscales Supremos.
Además, el DL 1605 ha sido objeto de críticas por parte de expertos legales y miembros del sistema judicial, quienes argumentan que podría ser inconstitucional. La preocupación principal radica en que la norma podría vulnerar el principio de imparcialidad y la supervisión adecuada de las investigaciones, elementos fundamentales en un proceso penal justo.
El portal La Ley ha publicado un análisis detallado de las modificaciones introducidas por estos decretos, destacando las posibles consecuencias en los procesos penales y la dinámica entre la policía y el Ministerio Público. El análisis sugiere que, aunque la intención de los decretos podría ser agilizar las investigaciones, la falta de supervisión fiscal podría llevar a prácticas cuestionables y potencialmente abusivas.
[Foto de portada: Andina]
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