El gobierno de Dina Boluarte ha promulgado el Decreto Legislativo 1605, una medida que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la capacidad de realizar investigaciones preliminares sin la presencia directa de un fiscal.
El Decreto Legislativo 1605 modifica el Código Procesal Penal de Perú, específicamente en lo que respecta a las facultades de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar investigaciones preliminares. La modificación más significativa es que ahora la PNP puede llevar a cabo ciertas diligencias de investigación urgentes sin la presencia directa o supervisión inmediata de un fiscal.
Antes de este decreto, la normativa establecía que la PNP debía actuar bajo la conducción jurídica del Ministerio Público en todas las etapas de la investigación criminal. Esto significaba que cualquier acción de la policía, especialmente en las etapas iniciales de una investigación, requería la autorización o presencia de un fiscal.
Con el Decreto Legislativo 1605, se otorga a la PNP la capacidad de actuar de manera autónoma en situaciones consideradas urgentes, lo que podría incluir la recolección de pruebas, la realización de allanamientos o la detención de sospechosos sin la necesidad de una orden directa de un fiscal en el momento de la acción.
Es importante destacar que esta modificación no elimina la supervisión general de la Fiscalía sobre las investigaciones criminales, pero sí cambia la dinámica de cómo y cuándo esta supervisión se lleva a cabo, especialmente en las etapas iniciales de una investigación.
Esta ampliación de poderes policiales ha sido justificada por el Ejecutivo como una respuesta a la necesidad de agilizar las investigaciones en casos de urgencia.
Sin embargo, expertos legales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por las posibles implicaciones de esta norma. Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, señaló a RPP que esta medida es propia de gobiernos autoritarios. Argumentó que la Policía no tiene "conocimiento jurídico técnico". Ante ello, propuso que el Tribunal Constitucional (TC) debería declarar la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1605.
[Foto de portada: Andina]
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