La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, contrariando lo ordenado por la Corte en el marco de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
La Corte IDH había emitido una resolución que indicaba que el Estado peruano debía abstenerse de implementar el fallo del Tribunal Constitucional del Perú que restituía un indulto humanitario a Fujimori otorgado en 2017 por razones humanitarias, por considerar que no se respetaron los estándares de derecho internacional en el control jurisdiccional del indulto.
La liberación de Fujimori se produjo tras una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en marzo de 2022, que fue ratificada en diciembre de 2023. Esta situación ha generado una serie de cuestionamientos a nivel internacional y ha puesto en relieve la tensión entre las decisiones del sistema judicial peruano y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Perú.
La Corte IDH ha impuesto una supervisión reforzada sobre el cumplimiento de la obligación del Estado peruano de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos relacionadas con los casos Barrios Altos y La Cantuta. Además, ha solicitado al Estado peruano que presente informes periódicos sobre el cumplimiento de estas obligaciones.
El Gobierno de Dina Boluarte debe presentar su primer informe a más tardar el 4 de marzo de 2024. Además, se requiere que continúe presentando informes cada tres meses por el tiempo que la Corte considere necesario
