La Defensoría del Pueblo de Perú, liderada por el cuestionado Josué Gutiérrez, se encuentra en el centro de una controversia tras una serie de denuncias sobre despidos encubiertos y recortes presupuestales. Trabajadores de la entidad han expresado su preocupación por lo que consideran una vulneración de sus derechos laborales.
Recientemente, la secretaria general del sindicato de trabajadores de la Defensoría, Magali González Manco, fue despedida, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de exdefensores del pueblo y colegas. Esta decisión ha sido interpretada por muchos como un acto de represalia y un intento de debilitar la organización sindical dentro de la institución.
La Defensoría, por su parte, ha alegado que los despidos se deben a un recorte presupuestal impuesto por el gobierno, según su comunicado. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a los afectados y a los observadores externos, quienes ven en estos actos una posible violación de los derechos laborales y sindicales.
El caso ha escalado a tal punto que exdefensores del pueblo han intervenido, pidiendo diálogo y una revisión de las decisiones tomadas. La situación pone en tela de juicio la capacidad de la Defensoría para proteger los derechos de sus propios trabajadores, en un contexto donde se espera que sea el garante y promotor de los derechos humanos y laborales en el país.
Los trabajadores afectados, respaldados por sus colegas y exdefensores, han iniciado una serie de acciones para revertir estos despidos, que consideran injustos y arbitrarios. La comunidad espera que este conflicto se resuelva de manera justa y transparente, reafirmando el compromiso de la Defensoría con los principios de justicia y equidad que promueve.
Esta crisis en la Defensoría del Pueblo podría estar vinculada a una red criminal más amplia. Según hipótesis del Ministerio Público, habría una organización liderada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que buscaba instalar en la Defensoría del Pueblo a una figura que se alineara con sus intereses. Este esfuerzo, presuntamente coordinado por Josué Gutiérrez, tenía como objetivo asegurar un Defensor del Pueblo "a la talla" de Benavides, lo que sugiere una posible manipulación y control de esta institución clave para la protección de los derechos humanos en Perú.
[Foto de portada: Andina]
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