En un giro significativo en la historia política y judicial de Perú, el exdictador Alberto Fujimori se enfrenta a un juicio oral por la masacre de Pativilca, un caso emblemático de violaciones a los derechos humanos durante su gobierno (1990-2000). El proceso, que comenzó este lunes, involucra a Fujimori y a otros 22 acusados, incluyendo a su exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y altos mandos militares, por el delito de homicidio calificado y crímenes de lesa humanidad.
El 29 de enero de 1992, en la provincia limeña de Barranca, el Grupo Colina, una unidad militar creada durante la dictadura de Fujimori, ejecutó a seis campesinos: Jhon Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felando Castillo, Pedro Agüero, Ernesto Nieves Arias Velásquez y César Rodriguez Esquivel. Este acto brutal, que incluyó secuestro, tortura y asesinato, es uno de los varios episodios sangrientos atribuidos a este grupo durante el conflicto armado interno en Perú.
La Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para Fujimori y los demás acusados, enfatizando la gravedad de los crímenes. Además, se ha pedido una reparación civil de S/500 mil para cada víctima. A pesar de haber sido excarcelado recientemente por un indulto humanitario, Fujimori debe comparecer en este último proceso pendiente con la justicia peruana.
El caso Pativilca, aunque menos mediático que los casos de Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales Fujimori ya fue condenado, comparte un patrón similar de violencia y abuso de poder. Según testimonios, el Grupo Colina operaba bajo órdenes directas de altos mandos militares, quienes a su vez respondían al presidente Fujimori y a Montesinos.
La Corte Suprema de Chile jugó un papel crucial al autorizar la ampliación de la extradición de Fujimori para que pudiera ser juzgado por este caso. La decisión se basó en evidencias y testimonios que implican a Fujimori en la cadena de mando responsable de estos crímenes.
El juicio, que continuará el 4 de enero de 2024, se lleva a cabo en un contexto de profunda división política en Perú y representa un momento significativo en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en el país. La sociedad peruana y la comunidad internacional observan atentamente este proceso, que podría redefinir la responsabilidad política y legal en casos de abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.
[Foto de portada: Aprodeh]
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