El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Monteagudo Valdez, ha enviado un oficio al presidente del TC, Francisco Morales Saravia, solicitando la evaluación de la nulidad de la resolución que restituyó el indulto humanitario a favor del expresidente Alberto Fujimori. Esta petición surge en un contexto de cuestionamientos sobre la legitimidad y el cumplimiento de las normas interamericanas por parte del TC.
Monteagudo argumenta que la decisión sobre el indulto de Fujimori debió ser tomada por los seis magistrados del pleno del TC y no solo por cuatro de sus integrantes. Según el magistrado, la resolución actual incurre en una causal objetiva de nulidad al no haber sido sometida a conocimiento o deliberación del pleno completo.
Este movimiento se produce en un momento de intensa controversia en el país, donde la liberación de Fujimori ha sido criticada por diversos sectores, incluyendo a defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. La decisión del TC ha sido vista como un desconocimiento de las obligaciones del Perú ante el sistema interamericano de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) había ordenado en abril de 2022 que el Estado peruano se abstuviera de ejecutar la liberación de Fujimori, establecida por un fallo del TC en marzo de ese año. La solicitud de Monteagudo pone de relieve la tensión entre las decisiones del TC y las obligaciones internacionales del Perú.
El caso de Fujimori ha sido emblemático en el Perú, marcando un punto de inflexión en la historia política y judicial del país. La decisión final sobre esta solicitud podría tener implicaciones significativas para la justicia y el respeto a los derechos humanos en el Perú.
[Foto de portada: Congreso]
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