En una nueva revelación en la crisis del Ministerio Público, Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, ha confirmado su participación en la coordinación de la suspensión del fiscal Rafael Vela. Según una reciente declaración a la fiscalía, Villanueva actuó como intermediario entre Benavides y Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), para negociar la salida de Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato.
Esta revelación, que surge de la colaboración eficaz de Villanueva, pone en evidencia la influencia indebida y la manipulación en el Ministerio Público. La ANC, una entidad autónoma a la Fiscalía, se vio comprometida en este esquema, que buscaba remover a fiscales no alineados con los intereses de Benavides.
El papel de Villanueva fue crucial en la comunicación entre Benavides y Fernández Jerí, facilitando la decisión de remover a Vela, quien también lideraba la Fiscalía de Lavado de Activos. Esta decisión se tomó tras las críticas de Vela a Benavides por su aparición en la extradición del expresidente Alejandro Toledo.
La suspensión de Vela, que se produjo por declaraciones dadas en 2020, fue firmada por el fiscal Carlos Muñoz, designado por Benavides, solo un día después de su nombramiento. Esta rápida acción sugiere que la separación de Vela ya estaba premeditada.
Además, Villanueva ha señalado que la siguiente en la lista de sanciones era la fiscal Marita Barreto, bajo la excusa de realizar diligencias "irregulares" en el extranjero. La remoción de Barreto del equipo especial contra la corrupción del poder se aceleró tras el allanamiento dirigido contra el entorno de Benavides.
Estas confesiones de Villanueva no solo exponen la trama de corrupción en el Ministerio Público, sino también la complicidad del Parlamento y la ANC en mantener a raya a fiscales considerados rebeldes.
La situación actual del Ministerio Público, marcada por la suspensión de seis meses de Patricia Benavides por la Junta Nacional de Justicia, refleja una profunda crisis institucional y pone en duda la independencia y eficacia de la justicia en el Perú.
[Foto de portada: EFE]
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