En un giro inesperado en la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público de Perú, el fiscal supremo Pablo Sánchez ha decidido declinar el cargo de fiscal de la Nación, cediendo su lugar al magistrado Juan Carlos Villena. Esta decisión se produce tras la suspensión provisional de seis meses impuesta a Patricia Benavides por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Sánchez, quien ocupó el cargo de forma interina entre marzo y junio de 2022, ha optado por no asumir nuevamente la responsabilidad, en un contexto marcado por investigaciones y acusaciones de corrupción en las altas esferas del Ministerio Público. La suspensión de Benavides, que ha generado controversia y debate en el ámbito político y judicial, está relacionada con una presunta red de corrupción que involucra a asesores y congresistas.

El abogado de Benavides, Juan Peña, ha anunciado que presentarán un recurso de reconsideración ante la JNJ, aunque ha expresado escepticismo sobre la posibilidad de revertir la suspensión. Mientras tanto, Benavides dejará oficialmente su cargo el próximo lunes, debido a los días feriados actuales en el sector público.

La situación en el Ministerio Público refleja una crisis más amplia en el sistema judicial peruano, donde las acusaciones de corrupción y la falta de independencia han sido temas recurrentes. La decisión de Sánchez de ceder el cargo a Villena podría interpretarse como un intento de preservar la estabilidad y la integridad de la institución en estos tiempos turbulentos.

El caso de Benavides y las investigaciones en curso en el Ministerio Público son un recordatorio de los desafíos que enfrenta Perú en su lucha contra la corrupción y en la búsqueda de un sistema judicial más transparente y justo.


[Foto de portada: Andina]


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