El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica ha tomado una decisión crucial: declarar improcedente la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que pretendía reactivar el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Este fallo mantiene a Fujimori tras las rejas, desafiando las expectativas de sus seguidores y abriendo un nuevo capítulo en la larga saga judicial del exmandatario.

El magistrado Fernando Vicente Fernández Tapia, al frente del caso, se declaró no competente en el proceso de indulto, subrayando que la responsabilidad de la decisión final recae en el Tribunal Constitucional. Esta resolución llega después de que el TC, en marzo de 2022, intentara restablecer el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en 2017, indulto que fue revocado por el Poder Judicial en 2018 y cuya ejecución fue bloqueada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La historia del indulto a Fujimori es un reflejo de las complejidades y controversias del sistema judicial y político peruano. Condenado a 25 años por las matanzas en La Cantuta y Barrios Altos, su figura sigue polarizando a la sociedad peruana. La decisión del juzgado de Ica no solo es un asunto legal, sino también un símbolo de la lucha continua entre impunidad y justicia en el Perú.