En esta creciente crisis que sacude al Ministerio Público de Perú, Marita Barreto, la excoordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), ha presentado una demanda de amparo para anular su destitución, promovida por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La medida fue anunciada por el abogado de Barreto, Luciano López Flores, quien compartió en redes sociales el documento donde se pide al Cuarto Juzgado Constitucional que deje sin efecto la resolución. Esta acción legal busca revertir la decisión que relegó a Barreto en un rol menos prominente, en medio de acusaciones y tensiones dentro del Ministerio.
Barreto fue removida de su cargo por la fiscal de la Nación tras liderar investigaciones clave, incluyendo la detención de Jaime Villanueva, exasesor principal de Benavides. La hipótesis central es que esta red buscaba asegurar la permanencia de Benavides en su cargo mediante coordinaciones con congresistas a cambio de votos y designaciones estratégicas.
La decisión de Benavides de reasignar a Barreto como Fiscal Provincial Titular Penal en el Despacho de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ha sido vista como una maniobra para debilitar la lucha contra la corrupción. En respuesta, Barreto ha apelado su remoción y busca medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Anteriormente, el fiscal José Cuya Berrocal se negó a asumir el cargo de coordinador del EFICCOP, citando razones personales.
La situación actual del Ministerio Público se enmarca en una crisis política más amplia en Perú, donde la legitimidad y eficacia de las instituciones están siendo cuestionadas. La audiencia programada para el 6 de diciembre por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre la suspensión de Patricia Benavides añade otra capa de complejidad a este panorama turbulento.
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[Foto de portada: Andina]
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