La fiscal Marita Barreto, recientemente destituida como coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, ha decidido apelar su remoción, calificándola de "inconstitucional e ilegal". Esta apelación se produce en un contexto de creciente tensión y controversia en el sistema judicial peruano.
La decisión de remover a Barreto fue oficializada a través de una resolución publicada en El Peruano, generando un amplio debate sobre la autonomía e independencia de las instituciones judiciales en el país. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien tomó la decisión de destituir a Barreto, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, especialmente en relación con investigaciones sobre una presunta organización criminal que buscaba influir en decisiones del Congreso para asegurar su continuidad en el cargo.
Barreto, a través de su abogado Luciano López, ha solicitado que su caso sea revisado por la Junta de Fiscales Supremos para anular la decisión de Benavides. Además, Barreto ha indicado que buscará medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para evitar lo que considera una persecución.
La remoción de Barreto se dio en medio de investigaciones llevadas a cabo por el Equipo Especial, que incluyeron allanamientos en la vivienda de Jaime Villanueva Barreto y de los asesores de la fiscal de la Nación. Estas investigaciones apuntaban a una red que habría intentado asegurar la permanencia de Benavides en su cargo a través de influencias ilícitas.
El caso de Patricia Benavides, actual fiscal de la Nación, ha cobrado notoriedad tras la revelación de una serie de chats que involucran a su exasesor y a varios congresistas, en los que se menciona a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Defensor del Pueblo. Estos mensajes sugieren la existencia de una red de influencias y presuntas negociaciones ilícitas destinadas a asegurar la permanencia de Benavides en su cargo.
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