En medio de la crisis política que sacude al Ministerio Público de Perú, el fiscal José Cuya Berrocal ha declinado asumir el cargo de coordinador del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), negándose a reemplazar a Marita Sonia Barreto Rivera, quien fue removida de su puesto recientemente.
Cuya Berrocal, en una carta dirigida a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, citó razones personales para su decisión, sin detallar más. Esta negativa se produce en un contexto de tensiones crecientes dentro del Ministerio Público, exacerbadas por la remoción de Barreto y las acusaciones que rodean a Benavides.
Marita Barreto fue removida de su cargo tras liderar investigaciones que resultaron en la detención de Jaime Villanueva, quien era principal asesor de Benavides, por presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico de influencias. La hipótesis es que esta red buscaba asegurar la permanencia de Benavides en su cargo mediante coordinaciones con congresistas quienes ofrecían a cambio votos y designaciones en puestos clave convenientes a la posición de la actual fiscal de la Nación.
Tras la remoción de Barreto, Benavides la reasignó como Fiscal Provincial Titular Penal (Supraprovincial) de Lima en el Despacho de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. Barreto ha apelado su remoción y busca medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La situación se complica aún más con la persistencia de Josué Gutiérrez en su puesto como Defensor del Pueblo, a pesar de las crecientes demandas de renuncia y su posible conexión con el caso de Benavides. Gutiérrez ha negado cualquier implicación en el proceso que podría haber deslegitimado a la institución.
Eloy Espinosa Saldaña, exmagistrado del Tribunal Constitucional, ha expresado su preocupación por la aparente renuencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a suspender de inmediato a Patricia Benavides, a pesar de las pruebas que la involucran como líder de una presunta organización criminal.
Espinosa Saldaña señala que la única vía de presión restante es la movilización ciudadana, aunque reconoce las dificultades que enfrenta la población debido a la informalidad y la crisis económica del país.
[Foto de portada: Andina]
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