La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha reprogramado el informe oral del fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, para el 22 de noviembre. Esta decisión se tomó tras la solicitud de Vela, quien actualmente se encuentra en un período de descanso médico otorgado por una clínica particular.
La audiencia, que inicialmente estaba programada para el 10 de noviembre, se llevará a cabo de manera virtual y tendrá una duración de 10 minutos. La reprogramación se produce en un contexto de tensiones y críticas hacia el sistema judicial peruano, especialmente en lo que respecta a la suspensión de 8 meses y 15 días sin goce de haber impuesta a Vela, la cual ha sido objeto de apelación por parte del fiscal.
En relación con su estado de salud, la Fiscalía de la Nación ha otorgado a Rafael Vela una licencia con goce de remuneraciones por enfermedad, que se extenderá del 10 al 16 de noviembre. Durante este periodo, sus responsabilidades serán asumidas por otros fiscales superiores.
Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ampliado las medidas cautelares a favor de Rafael Vela y su núcleo familiar. Esta decisión responde a las preocupaciones sobre su seguridad y la de sus seres queridos, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos en el proceso judicial.
El caso de Vela ha generado un amplio debate en el ámbito judicial y político del país, resaltando la importancia de la transparencia y la justicia en el sistema legal peruano. La situación se complica aún más considerando las críticas que Vela realizó hace tres años a los jueces de la sala superior que ordenaron la excarcelación de Keiko Fujimori en el caso Odebrecht.
La reprogramación del informe oral de Rafael Vela es un evento clave en el desarrollo de este caso, que ha captado la atención de diversas organizaciones y entidades internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes han expresado su preocupación por la situación del fiscal y su núcleo familiar.
[Foto de portada: Ministerio Público]
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