En un reciente desarrollo en la crisis institucional de Perú, el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, ha declarado que la resolución de la apelación presentada por el Congreso contra la medida cautelar que protege a los miembros de la JNJ podría demorarse hasta finales de este año o inicios del próximo. Esta declaración subraya la prolongada naturaleza del conflicto entre el Poder Legislativo y la JNJ.
La apelación, presentada por la Procuraduría Pública del Congreso, busca anular la medida cautelar otorgada por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Dicha medida suspendió provisionalmente la imputación de cargos contra los miembros de la JNJ por parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.
Paralelamente, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra los jueces Néstor Fernando Paredes Flores, José Luis Velarde Acosta e Iván Alfredo Cabrero Giurisich, quienes concedieron la medida cautelar. La investigación responde a una denuncia de la congresista Patricia Chirinos por presunto abuso de autoridad y prevaricato. La Fiscalía ha establecido un plazo de 60 días para las diligencias preliminares.
Este escenario refleja la tensión y el desafío al equilibrio de poderes en el país, con implicaciones significativas para la estabilidad institucional y el respeto al Estado de derecho. La sociedad peruana y los observadores políticos siguen de cerca las acciones del Congreso y la respuesta del sistema judicial.
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