El Ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, ha reconocido un preocupante incremento en los casos de extorsión en distritos bajo estado de emergencia, como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.

"Las Fuerzas Armadas nunca han sido ni serán figuras decorativas, tienen un rol de apoyar a la Policía en el control del orden interno. Su tarea, como todos conocemos, es principalmente disuasiva y en apoyo a la Policía, tal como está establecido en la declaratoria del estado de emergencia. Los que intervienen son los policías. Pueden ver en resultados estadísticos que en un promedio en los cuatro distritos de Lima donde se ha declarado el estado de emergencia, y en Sullana, se ha disminuido cerca del 30% en actos delictivos, lo que se ha incrementado es la extorsión. Lo hemos visto en el Consejo de Ministros y se están tomando acciones correspondientes a ello", dijo el ministro Chávez Cresta en declaraciones a RPP Noticias.

"En el caso de las muertes, no se puede hacer estadística si hubo uno, dos o tres (hubo 12), lo que se quiere es disminuir cualquier tipo de incidencia en perjuicio de la vida humana. Hacer un cálculo estadístico, no es lo conveniente. Si bien es cierto se están tomando acciones, hay mucho por hacer aún", agregó.

Anteriormente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, ha generado polémica con declaraciones que atribuyen el aumento de extorsiones telefónicas al miedo que sienten las víctimas.

En 2023, Perú ha experimentado un aumento del 50% en denuncias de extorsión en comparación con 2022, con 12.730 casos registrados hasta agosto. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha detenido a 623 personas implicadas en estos delitos, desarticulando 228 bandas criminales. Lima y La Libertad son las regiones más afectadas, concentrando el 71% de las denuncias. Además, se han identificado varios distritos de Lima como 'zonas rojas' de alta incidencia de extorsión.

El sicariato, considerado el último eslabón de la extorsión, también ha mostrado un incremento, con 215 víctimas en Lima Metropolitana en los primeros ocho meses de 2023. El estado de emergencia declarado en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y en siete distritos de la provincia de Sullana, busca frenar esta ola de criminalidad. La situación actual plantea un desafío significativo para las autoridades peruanas en su lucha contra la extorsión y el crimen organizado.

El gobierno, liderado por el Ministerio del Interior, está rediseñando su estrategia para combatir la extorsión. Sin embargo, la confianza en las fuerzas del orden se ve afectada por recientes detenciones de policías involucrados en secuestro, extorsión y corrupción. 

[Redacción: Jorge Paucar Albino / Foto de portada: Andina]

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