Las extorsiones telefónicas han experimentado un notable aumento en Perú, y las recientes declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, han causado controversia. En entrevista a Canal N, Arana afirmó:
"Los casos de extorsión por vía telefónica aumentaron en el país debido a que los delincuentes 'llaman a una infinidad de personas' y porque las víctimas 'aceptan por miedo'. El índice de extorsión resulta siendo fácil cuando alguno acepta o se deja intimidar solamente por la vía telefónica".
Estas declaraciones han sido interpretadas como una insensibilidad y falta de empatía hacia quienes sufren este tipo de delitos, especialmente cuando se considera que el 71% de los casos de extorsión se concentran en Lima, La Libertad y Piura, y que en 2023 se han registrado más de 1800 denuncias por extorsión.
El ministro Arana también hizo referencia a los operativos en los penales y a la política del ministerio de tomar control dentro de los mismos para combatir este tipo de delitos. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con las del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque Moya, quien negó categóricamente que desde las prisiones se organicen la mayoría de los delitos de extorsión.
Además, la confianza en las fuerzas del orden se ve afectada por recientes detenciones de policías acusados de secuestro, extorsión y corrupción. Estos hechos han generado cuestionamientos sobre la supervisión y acciones del Ministerio del Interior (Mininter).
En este escenario de creciente inseguridad, el Congreso aprobó una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, quien deberá responder sobre las acciones del gobierno contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) tiene como una de sus principales funciones garantizar el acceso a la justicia, promover y proteger los derechos humanos, así como supervisar y controlar los servicios de justicia en el país. En este sentido, la problemática de la extorsión, que afecta directamente a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, debería ser abordada con una estrategia integral que involucre no solo medidas punitivas, sino también preventivas y educativas.
[Foto de portada: Prensa PCM]
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