En el marco de las investigaciones por las muertes ocurridas durante las manifestaciones contra el gobierno a principios de este año, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, y Dina Boluarte, presidenta de la República, han acudido a la Fiscalía para declarar sobre los hechos.
Ambos son investigados por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, tras los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que resultaron en al menos 49 fallecidos.
Otárola, tras cinco horas de declaración, se retiró de la Fiscalía sin brindar declaraciones a la prensa. Por su parte, Boluarte, también acudió a declarar, y su abogado, Joseph Campos, señaló que han respondido parcialmente las preguntas del Ministerio Público, considerando que la acusación por presunto genocidio no tiene "ningún tipo de asidero".
Otárola ha defendido las acciones de Boluarte como "decisiones en defensa de la democracia", pero el escenario actual plantea serios cuestionamientos sobre el manejo del Gobierno de las protestas y manifestaciones sociales.
A pesar de las investigaciones en curso, la legislación actual establece limitaciones legales, permitiendo que la presidenta pueda ser investigada pero no acusada formalmente.
La semana pasada, durante su visita a Estados Unidos para participar en la "Cumbre Sostenible de Líderes de la Alianza del Pacífico 2023", la presidenta Boluarte enfrentó protestas de la comunidad peruana residente en dicho país. Los manifestantes expresaron su rechazo a la administración de Boluarte, acusándola de violaciones a los derechos humanos y gritando "Dina Asesina" en referencia a las muertes ocurridas durante las protestas en Perú.
Según la Defensoría del Pueblo, 67 peruanos han perdido la vida en el contexto de dichas protestas, 49 de ellos a causa de proyectiles de armas de fuego durante la represión. La desaprobación a la gestión de Boluarte alcanza el 79%, y un 80% de la población exige un adelanto de elecciones.
[Foto de portada: Presidencia Perú / Flickr]
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