El Ministerio Público, representado por el fiscal Orlando Lara, ha puesto en marcha una serie de intervenciones en instituciones clave del Gobierno, incluyendo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). En el centro de este caso se encuentra el Jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola Peñaranda, quien se ve envuelto en un escándalo de contrataciones presuntamente irregulares.
Anteriormente, Otárola se ha desempeñado como ministro de Defensa. La intervención de la fiscalía se centra en la investigación de contratos otorgados a Rosa Rivera Bermeo y Yaziré Pinedo Vásquez, quienes, tras reunirse con Otárola, lograron ganar contratos con el Estado por montos significativos. Rivera Bermeo obtuvo contratos por 54 mil soles con Devida, mientras que Pinedo Vásquez consiguió contratos por 53 mil soles con el Ministerio de Defensa.
En medio de las crecientes acusaciones, Otárola ha salido en defensa de las reuniones mantenidas con las contratadas, negando cualquier irregularidad. En una reciente entrevista con RPP Noticias, el premier afirmó que las reuniones no estaban relacionadas con los contratos estatales, desvinculándose de cualquier acto de corrupción.
Devida es una institución encargada de diseñar y coordinar estrategias nacionales para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Su función principal es promover el desarrollo alternativo, la prevención del consumo de drogas y las reformas legales necesarias para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. No es la primera vez que Devida está implicada en actos de corrupción: en el 2019, dos funcionarios fueron denunciados por actos de corrupción en Loreto.
Además de este caso, Otárola enfrenta otra serie de denuncias y citaciones. El congresista Jaime Quito ha presentado una denuncia constitucional contra él y la ministra Dina Boluarte por usurpación de funciones, la cual fue presentada el 19 de septiembre. Asimismo, se le acusa de haber sostenido reuniones no registradas con altos mandos de las Fuerzas Armadas durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte.
A propósito de la movilización ciudadana, la fiscalía ha citado tanto a Otárola como a Boluarte para el próximo 27 de septiembre, con el fin de esclarecer las circunstancias de las muertes ocurridas durante las manifestaciones.
[Foto de portada: Prensa PCM / Flickr]
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