En una coyuntura de crisis política, falta de justicia para las víctimas de la represión y desprestigio de las autoridades, el gobierno peruano ha presentado un proyecto de ley que ha generado una ola de críticas y preocupaciones. La propuesta, que busca modificar el Código Penal, ha sido señalada por potencialmente criminalizar la labor periodística y restringir el derecho a la protesta pacífica.
En una entrevista a RPP Noticias, Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), explicó que el Gobierno pretende modificar el Código Penal para "sancionar a los instigadores del delito de disturbio, que pudieran ser funcionarios públicos o comunicadores utilizando medios de comunicación para convocar a marchas o protestas".
"Al incluir la palabra comunicadores, ya no solamente es una atentado contra cualquier ciudadano que se le ocurra convocar a una marcha, proponer a sus amigos o contactos, sino también a periodistas que nos dedicamos a informar sobre las marchas", señaló.
"Cuando tú convocas o informas sobre una marcha no se sabe cómo va a concluir o si va a desencadenar en violencia o no. Lo que queda ahí es una criminalización a la libertad de expresión, por partida doble porque convocar y participar a una marcha, la manifestación pacífica es un derecho, como también lo es expresarte sobre cualquier materia que quieras discutir", agregó el director ejecutivo del CPP.
Otras organizaciones también advierten que el proyecto del gobierno de Dina Boluarte podría tener un impacto negativo en la libertad de expresión en el país. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha manifestado su rechazo a la propuesta, sosteniendo que amenaza la libertad de prensa, un pilar fundamental de cualquier democracia saludable.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) se sumó a las voces críticas, señalando que el Gobierno está solicitando facultades al Congreso que atentan directamente contra la libertad de expresión. A través de un tweet, IPYS precisó que la modificación del Código Penal aparentemente busca sancionar a quienes promuevan o inciten a la violencia a través de medios de comunicación, pero pone en riesgo a ciudadanos y comunicadores.
En una entrevista a RPP Noticias, Roberto Pereira, asesor jurídico del IPYS, señaló que "el Poder Ejecutivo pretende criminalizar a las personas que se manifiestan a favor de las protestas", un derecho constitucionalmente protegido.
La Comisión de Constitución del Congreso ha programado una sesión para este viernes 15 de setiembre a las 3:00 pm, donde se discutirá y votará el predictamen de la ley. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) alertó sobre esta sesión resaltando que la propuesta busca criminalizar la actividad informativa.
Por su parte, Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros, subrayó la importancia de mantener un diálogo abierto y crítico sobre las acciones gubernamentales, especialmente en un momento en que el país enfrenta numerosos desafíos. En una reciente entrevista con La Mula TV, Vásquez hizo un llamado a la ciudadanía para frenar esta ofensiva autoritaria a través de una movilización para este sábado 16 de setiembre en el Campo de Marte en Jesús María a las cuatro de la tarde.
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