En un escenario marcado por la represión y acusaciones de violaciones a los derechos humanos, el reciente pedido de la Fiscalía para imponer prisión preventiva a manifestantes, bajo la acusación de "disturbios", se suma a una serie de medidas autoritarias. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha denunciando esta situación a través de sus redes sociales.
El artículo 315 del Código Penal peruano establece que "el que participa en reunión o agrupación de más de tres personas, con el propósito de cometer delitos, perturbar la tranquilidad pública o resistir la autoridad o sus agentes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años".
La CNDDHH, en su publicación, cuestiona la decisión del Ministerio Público y la compara con las acciones represivas del Estado, sugiriendo que hay una falta de equidad en cómo se están manejando los hechos. Mientras los manifestantes son acusados de "disturbios", aún no hay claridad ni responsables directos sobre las muertes y heridas ocurridas en las protestas.
Respecto a la prisión preventiva, un estudio publicado por la Universidad de Friburgo cuestiona esta medida señalando que debe ser aplicada de manera excepcional y solo cuando sea estrictamente necesario. La prisión preventiva, según este estudio, puede tener graves consecuencias para el imputado, afectando su presunción de inocencia y pudiendo generar un estigma social. Además, su uso desmedido puede llevar a la saturación del sistema penitenciario y a la vulneración de derechos fundamentales.
En el contexto actual de Perú, donde las manifestaciones han surgido como un clamor ciudadano frente a decisiones gubernamentales cuestionadas, el uso de la prisión preventiva contra manifestantes podría ser interpretado como un intento de silenciar voces críticas, más que como una genuina búsqueda de justicia.
[Foto de portada: Hispantv]
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