En medio de un contexto de creciente tensión social y política en Perú, Florencia Reggiardo, Directora adjunta del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL, ha compartido con LaMula.pe un análisis sobre la situación actual del derecho a la protesta en el país.
Reggiardo destaca la mirada regional que se posa sobre Perú, la responsabilidad del Estado en garantizar este derecho fundamental y las preocupaciones de organizaciones internacionales ante posibles respuestas represivas. A continuación, presentamos el artículo, que arroja luz sobre la importancia de proteger y respetar la voz del pueblo peruano en estos tiempos de crisis.
Proteger y garantizar el derecho a la protesta, la llamada internacional al Estado peruano
Hoy 19 de julio el pueblo peruano se moviliza una vez más. Lima espera la mayor cantidad de manifestaciones, pero se prevén otras protestas en el resto del país. Mientras tanto, la lupa regional se vuelca sobre Perú de cara a este ejercicio democrático. Un derecho que vale recordar debe ser protegido por las autoridades, quienes están obligadas a respetar y facilitarlo. Sin embargo, la tensión, nacional e internacional, aumenta con la posibilidad de repetirse una respuesta represiva que conlleve a graves violaciones de derechos humanos.
Varias organizaciones internacionales entre las que está el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL junto a DPLF, WOLA y HRW alzaron una llamada para exhortar al Estado peruano a cumplir con estas obligaciones. Un llamado que está cobijado por la urgencia que demanda la crisis institucional y de derechos humanos que afronta Perú desde diciembre de 2022. Crisis que además no ha encontrado una salida, lo que motiva aún más a la sociedad para manifestarse frente a la falta de soluciones adecuadas a la grave situación que vive el país.
La primera respuesta de las autoridades peruanas ya se ha mostrado lejana a la protección del derecho a la protesta. De hecho ha sido una contestación reactiva y poco adecuada a la luz de un gobierno democrático. Hasta el momento algunas de las respuestas parecen limitar el ejercicio del derecho a la protesta mediante la exigencia de permisos o el registro de las personas que ingresarían a Lima. Todavía más alarmante la intención de usar la fuerza por parte de las autoridades contra los manifestantes, así como la amenaza de abrir procesos contra quienes deseen ejercer su derecho a la protesta.
En este contexto, resulta especialmente inquietante la ampliación del estado de emergencia, la restricción de derechos y el despliegue ostensivo de fuerzas de seguridad en las calles de Lima el pasado 15 de julio. También el establecimiento de puestos policiales para controlar la entrada de personas desde las provincias hacia la capital. Estas medidas pueden tener un impacto negativo y prevenir la participación de quienes estén pensando en hacerlo. Frente a esta situación, el Estado debe tomar medidas antes, durante y después de las manifestaciones orientadas a garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, y asegurando que el uso de la fuerza sea excepcional y como última opción.
Las preocupaciones de las organizaciones que trabajan por una mejor protección de los derechos humanos en Perú encuentran respaldo en los graves y recientes informes que realizaron las más altas instituciones en el tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas, entre otras. Luego de visitar Perú ambas concluyeron que, en diciembre 2022 y los primeros días de 2023, las fuerzas de seguridad del Estado peruano cometieron graves violaciones contra los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo documentó al menos 49 muerte de manifestantes y personas que solamente circulaban por donde se dieron las protestas, la gran mayoría de ellos a causa de proyectiles de armas de fuego que, según la evidencia, fueron disparados por fuerzas policiales o militares. Para la CIDH, estas muertes constituyen graves violaciones a los derechos humanos y, en algunos casos, podrían incluso calificarse como ejecuciones extrajudiciales y masacres, lo cual implica una violación flagrante de las obligaciones internacionales del Estado peruano.
Es por esto que es de vital importancia que el Estado peruano tome en cuenta que garantizar, facilitar, proteger y respetar el derecho a la protesta pacífica se encuentra intrínsecamente ligado al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y asociación de su población. No se puede olvidar que es ahora más que siempre, que el derecho a la protesta resulta un elemento esencial para la democracia. Una vía para el diálogo y el fortalecimiento de los derechos fundamentales. Su protección y respeto son responsabilidad del Estado y de todas las instituciones que lo conforman.
Hoy Perú tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de una sociedad justa y equitativa. Solo así se encuentran soluciones a las crisis. La voz del pueblo peruano se levanta una vez más, y con ello el deber de las autoridades de escucharla y actuar en consecuencia.
Por: Florencia Reggiardo, Directora adjunta del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL
[Foto de portada: Patricio Lagos / LaMula.pe]
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