La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había expresado su preocupación por el caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. La CIDH ha señalado que los procesos políticos contra Ávalos y miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podrían tener implicaciones graves para la independencia judicial en el país.
Con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, el Congreso de la República votó a favor de la acusación constitucional en contra de Ávalos. Con ello, Ávalos ha quedado inhabilitada por cinco años de la función pública.
El caso de Ávalos ha generado controversia y debate en el país. Algunos sectores del Congreso han sido acusados de buscar quebrar el sistema de justicia a través de este caso.
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