El aparato estatal y los operadores de justicia también son culpables de la violencia contras las mujeres en Perú, señaló, en La Mula TV, la abogada feminista Ana María Vidal.
En el programa 'Al Filo', Vidal lamentó que "no hay un paso dentro de los operadores de justicia en el que las mujeres no reciban nuevamente alguna traba, alguna nueva situación de violencia".
La abogada señaló que esto ocurre tanto en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) como en las comisarías de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde la situación "es peor". Por ejemplo, contó Vidal, en los CEM hay casos de mujeres que reciben como respuesta que el hombre ya se adelantó en poner una denuncia y le dicen que mejor se regrese a casa antes que la detengan.
Otro caso típico, mencionó, es cuando el funcionario cuestiona a la denunciante por haberse defendido de la agresión y que mejor se quede "calladita no más". Un tercer tipo de caso es cuando las víctimas consiguen una abogada de manera independiente y el CEM les quita el patrocinio porque su defensa es exclusiva.
"Eso pasa en los mismos CEM, donde supuestamente están mejor preparados. Hay CEM con personal preparado, pero no son la mayoría", señaló Vidal.
Dentro de la Policía, ocurren casos similares y otros particulares como la comisaría de San Borja, donde se lee "Con amor, todo se soluciona" en la zona donde las mujeres van a denunciar violencia de género.
Por otro lado, Vidal señaló que "tenemos una ley que puede ser muy buena, la 30634, pero no se cumple".
"Una mujer va a denunciar y le puede pasar lo mismo que en los CEM, no se cumplen los plazos para enviar a la Fiscalía, hay comentarios de la Policía, que no ven los denunciantes, donde dicen que les parece que la mujer puede estar fingiendo o que reclama mucho y, por ello, no es víctima", señaló.
La abogada recordó que el objetivo de la Ley 30634 es agilizar el proceso de denuncias de violencia contra las mujeres, pero los plazos no se cumplen y no se canalizan las denuncias como debería ser como la vía directa hacia el Poder Judicial para que se otorguen las medidas de protección de manera inmediata.
"Y las medidas de protección no es decir que ya hay un agresor culpable, sino es un llamado para que no se cometa. No se sabe si ha pasado algo o no, hay una investigación en curso, pero no se advierte de no violentar a la mujer. Y no genera ninguna responsabilidad. Pero esas mismas medidas no se cumplen, hay más medidas de protección que policías. Hay muchas medidas que no llegan a cumplirse", precisó Vidal.
En teoría, explicó la abogada, debería estar la Policía dando una supervisión a que se cumplan estas medidas de protección, pero el número de efectivos es insuficiente. Cada tres meses, precisó, la Policía debería informar de qué está pasando con esas medidas de protección.
"En la práctica, no lo hace. Y, en la práctica también, los agresores hay algunas cosas que les piden, que son básicas, que no cumplen, como por ejemplo terapia psicológica, pero ni siquiera eso reportan", dijo.
Luego, en la Fiscalía y el resto de sistema de justicia, el proceso de denuncia va a cuesta arriba afectando el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Por ejemplo, en el caso de los exámenes médicos, el Ministerio Público (MP) no toma en cuenta los problemas de acceso al Instituto de Medicina Legal (IML) y no valora los certificados de los CEM.
"A pesar de que la ley dice que vale igual el certificado del CEM, que muchas veces está mejor preparado que el del IML, si el certificado psicológico del CEM dice que sí hay afectación psicológica por los hechos, pero no pasó el examen del IML porque te hacen ir de repente hasta el Centro de Lima o a cualquier lugar a las siete de la mañana, o te dicen de acá a tres meses, cuando ya pasó el acto de violencia, hay una serie de elementos que no van o que el IML dice que después de tres meses esta mujer es muy resiliente y no se le ven indicadores de afectación; el fiscal, teniendo el certificado del CEM y el certificado del IML dice que prefiere siempre el del IML, lo cual violenta la ley. Todos los fiscales siguen el mismo trámite de preferir el del IML", señaló.
Además, Vidal mencionó casos en los que, cuando se produce violencia de género de manera sistemática durante años, los fiscales no toman en cuenta esto y se quedan solo con un hecho.
"Muchas veces van y denuncian una serie de actos que han pasado por todo, la relación puede haber durado 10 o 20 años y empiezan a decir todo lo que pasa. Y lo que dice la fiscal es que se agarra de un solo hecho. No hay una preparación adecuada de hacer la investigación con un verdadero enfoque de género, que implique que sí hay una relación de más tiempo tiene que investigarse todo lo que ha pasado durante ese tiempo porque muchas veces han habido muchos actos de violencia que los fiscales no toman en cuenta", dijo.
"La mentalidad del Derecho Penal es tal fecha, tal hora, tal día y punto, pero en casos de violencia se tiene que tener el enfoque de género porque en estos casos es toda la relación que hubo, investigar con un adecuado enfoque de género", resaltó.
Respecto a los casos que llegan al Poder Judicial, la abogada recordó casos como el del "calzón rojo" que era un indicador para el juez de que la mujer estaba preparada para tener relaciones sexuales o el de una adolescente de 14 años que era víctima de trata de personas, que el juez no consideró eso porque era "una trabajadora más" dedicada a servir bebidas alcohólicas en un centro de diversión.
"Son sentencias que incluso han sido dadas por la Corte Suprema y defendidas por jueces supremos como Duberlí Rodríguez, quien defendió esta sentencia con todos sus alcances. No es solo el agresor, es el responsable, el culpable, pero hay todo un sistema, los operadores de justicia y en todo, que permite esta violencia", reiteró Vidal.
Ante esta situación, la abogada propuso que como mínimo se cumpla la normativa sobre violencia contra las mujeres, que se apliquen los grilletes contra los acusados en casos de denuncias muy graves por violencia contra las mujeres, y que se determinen responsabilidades políticas claras de los funcionarios públicos.
"No hay sanciones para toda la cadena de operadores de justicia que no cumplen con los términos del plazo. Las investigaciones en Fiscalía pueden durar, no solo en la ley te dice el Código Procesal Penal que debe durar 60 días y puede aumentarse a 60 días más, hay casos que van 3 años y sigue la investigación fiscal y al final la cierran. No hay responsabilidad. Los operadores de justicia no responden frente a la perdida de vidas, a los ataques a las mujeres. No se cumplen los tiempos, no se cumplen los plazos a veces incluso cuando reciben la denuncia, que hay plazo de 24 horas, puede pasar una semana para que recién la Policía lo entregue a la Fiscalía", señaló la abogada.
Además, Vidal propuso que los abogados y abogadas de los CEM puedan ser co-litigantes con los defensores que ya tengan las mujeres denunciantes. Entre otras trabas, la abogada mencionó la exigencia de portar o dejar una copia del DNI en los CEM, comisarías y centros del IML.
Mira la entrevista completa a la abogada feminista Ana María Vidal en La Mula TV:
[Foto de portada: Andina]
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