Por Ruth Luque, congresista de la República 

El 11 de enero del 2023, más de treinta perdigones ingresaron al cuerpo de Rosalino Florez Valverde, un joven de 22 años que estudiaba la carrera técnica de gastronomía. Era un joven con enormes ilusiones, el segundo hermano de cinco, procedente de la comunidad campesina de Cconchacalla del distrito de San Jerónimo, Cusco. Los perdigones le generaron múltiples perforaciones a nivel de pared abdominal, por lo que fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. A Rosalino le extrajeron un poco más de un metro y veinte centímetros de intestino. Cuando llegó a Lima, estuvo internado en el Hospital Arzobispo Loayza y con nutrición parenteral, una alimentación especial para aquellos pacientes que no pueden alimentarse con la comida normal.

Para quienes hemos acompañado de manera muy cercana este caso, es difícil describir el dolor y angustia de la familia, especialmente de quienes nunca en su vida imaginaron estar en una situación así. Fueron 59 días que Rosalino permaneció en Lima, acompañado siempre por su hermano Juan. Los primeros días Rosalino parecía recuperarse. Conversamos en algunas oportunidades y su deseo era salir del hospital recuperado.

Si bien Rosalino tenía el Seguro Integral de Salud (SIS), un derecho que permite garantizar toda la atención y acceso a procedimientos médicos, la verdad es que existieron varios medicamentos que el SIS no cubría. También hubo días que no había alimentación parenteral y el proceso de compra no era ágil como el que se esperaba. Esta situación fue advertida directamente al Ministerio de Salud, en una reunión con la Viceministra y su hermano Juan, quien directamente le dio a conocer la falta de medicamentos y le mostró sus boletas y gastos efectuados. Es cierto que se hizo los esfuerzo por mejorar el acceso a medicamentos desde el SIS, pero seguían siendo insuficientes.

Lo mismo sucedió con el acceso a información, pues los médicos del Hospital Arzobispo Loayza, querían conocer a detalle la cantidad exacta que se le había dejado de intestino delgado y otras exactitudes médicas, que ni el hermano ni mi persona conocíamos. Se solicito información médica adicional al Hospital Antonio Lorena e incluso generamos el intercambio telefónico directo entre direcciones para agilizar la información. Esto evidencia que no basta que un paciente sea referido a otro lugar, sino que es preciso la información médica clara y oportuna.

Cuando murió Rosalino, se asume que el sistema público debe ser eficiente en los procedimientos de entrega del cuerpo, pero ese no fue el caso. Los trámites son burocráticos, y si a ello le agregamos que el cuerpo debe pasar a necropsia, se complejiza. En mi permanencia de largas horas en la morgue de Lima, constaté que son varios ciudadanos que esperan días la entrega de los cuerpos de sus parientes. Y en hospitales de Lima, las familias de provincia permanecen días durmiendo en pasadizos sin información o sin comprender los procedimientos a realizar. Con información escasa o limitada, los familiares deben sumar al dolor de la muerte de un familiar los trámites administrativos y a veces el maltrato de servidores públicos. La madre de Rosalino, la señora Leonarda Valverde, quien llegó un día antes que Rosalino muriera, es una mujer quechua hablante; sin embargo, no había en el Hospital Arzobispo Loayza alguien que explicara la información médica en quechua. Incluso sin ser quechua hablante u otra lengua originaria, muchas veces la explicación médica no es sencilla ni comprendida.

Me indigna profundamente el pésimo funcionamiento del sistema de salud público así como la lentitud del trabajo del Ministerio Público. Rosalino, como víctima directa estaba incorporado en una investigación como agraviado en la 2da fiscalía provincial Penal de Wanchaq por el delito de lesiones leves. En nuestra reunión con la Fiscal Nacional Coordinadora de Fiscalías de Derechos Humanos, advertimos de esta situación y se nos informó que el caso recién sería derivado a la Fiscalía Supraprovincial de derechos humanos.

Rosalino no solo fue víctima de violaciones a sus derechos fundamentales con el impacto directo de estos perdigones a cargo de la Policía Nacional del Perú, en el marco de un contexto de emergencia promovido y liderado por la señora Dina Boluarte y su gabinete, sino que además fue víctima de un sistema de salud deficiente y un sistema de justicia indolente. Hoy su familia, su comunidad y el pueblo solidario esta dañado emocionalmente. Estas heridas permanecerán en el tiempo y sólo podrán ser aliviadas en algo, si es que existe una justicia eficiente, que condene y castigue a los responsables políticos y directos por lo que hicieron.