Las responsabilidades penales por los asesinatos cometidos durante las protestas sociales incluyen a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y sus ministros, señaló, en La Mula TV, la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano.
En el programa 'Achórate', la abogada defensora de derechos humanos señaló que "ha habido toda la intención de acallar la protesta con muertes". Cano mencionó que hay un patrón, según los certificados oficiales, las víctimas fallecieron producto de impactos de proyectiles de armas de fuego en el tercio superior del cuerpo, donde hay órganos vitales.
"Por supuesto que se tiene conocimiento de que esos disparos podrían quitar la vida", señaló.
Por ello, sostuvo, estamos ante "ejecuciones extrajudiciales". Al respecto, mencionó las investigaciones que se han abierto en Ayacucho y Apurímac, aunque por homicidio calificado, ya que en Perú el delito de "ejecución extrajudicial" no está tipificado en el Código Penal.
"La ejecución extrajudicial no tiene un tipo penal dentro de nuestro ordenamiento, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), hace años, por el caso Barrios Altos, señaló que, como parte de las medidas que tenía que adoptar, el Estado peruano debía incluir el tipo penal de ejecución extrajudicial dentro de nuestro ordenamiento penal", precisó.
En ese sentido, Cano aclaró que "las responsabilidades van desde Dina Boluarte hasta los jefes y los ejecutores directos".
"Aquí hay una responsabilidad penal que debe ser asumida. Ya hay denuncias presentadas: en Ayacucho se ha presentado una denuncia por un tipo penal que no es el correcto, pero que en todo caso el Ministerio Público, que es el que tiene en sus manos la acción penal, tendría que tipificar adecuadamente, que es homicidio calificado. Y ya se ha desprendido, de esa denuncia, la parte pertinente con respecto a la presidenta Dina Boluarte, así como al primer ministro, el ministro de Defensa y ministro del Interior, porque ellos tienen determinadas prerrogativas", señaló.
"Entonces, la fiscalía, así como ha aplicado el control de convencionalidad para los casos de corrupción, con mucha mayor razón, debería aplicar el control de convencionalidad en materia de derechos humanos. Las obligaciones internacionales del Estado quiere decir que no puede haber obstáculo alguno en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos", agregó.
Hasta el momento, según reportes oficiales, son al menos 27 las personas que han perdido la vida en medio de las protestas sociales que se iniciaron en regiones tras la caída de Pedro Castillo. Los manifestantes piden adelanto de elecciones generales y, en algunos casos, el cierre del Congreso de la República y la renuncia de la presidenta Boluarte.
Mira el programa completo de 'Achórate' en La Mula TV:
[Foto de portada: Andina / Referencial]
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