Representantes del Estado, organizaciones sociales y pueblos indígenas se reunieron en el Ministerio de Cultura con el objetivo de plantear propuestas que contribuyan con el fortalecimiento e implementación de las normas que protegen a los defensores y defensoras ambientales.
En un contexto de incremento de actividades ilícitas como el narcotráfico en la cuenca del río Ene (región Junín), se desarrolló la Mesa de Trabajo Multisectorial impulsada por la Organización Indígena Central Asháninka del Río Ene (CARE), con el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el respaldo de la Unión Europea.
La reunión contó con la participación de representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio del Interior (MININTER), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Ministerio de Cultura (MINCU), Defensoría del Pueblo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y los equipos de CARE y DAR.
En el encuentro, Ángel Pedro Valerio, presidente de la CARE, solicitó al Estado peruano que ponga en marcha las leyes que los protejan porque continuamente son amenazados de muerte por los dueños de cultivos de coca y tala ilegal, debido a que los territorios indígenas se encuentran en una zona de alta vulnerabilidad.
“Estamos implementando el Sistema de Alerta Temprana, gracias al apoyo de DAR, con la finalidad de poder denunciar de manera inmediata cuando suceden este tipo de amenazas, a través de las redes sociales. Venimos capacitando a nuestros jóvenes de diferentes comunidades para que donde tengan internet, puedan realizar las denuncias de manera inmediata y oportuna”, sostuvo el presidente de la CARE.
Por su parte, Carlos Quispe, especialista del Programa Derechos y Justicia Ambiental de DAR, mencionó que las propuestas planteadas fueron formuladas bajo un diagnóstico territorial realizado entre el 2021-2022, con el apoyo de la Unión Europea, donde se identificaron las principales amenazas que afectan a las comunidades nativas asháninkas de la Cuenca del Ene.
“Si bien desde el Poder Ejecutivo, específicamente el MINJUSDH, se está liderando el impulso de herramientas para la protección de personas defensoras, necesitamos fortalecer el enfoque de prevención no solo bajo el registro de situaciones de riesgo enfocados en la persona individual, en tanto, existe un subregistro que se explica por las limitaciones que tiene el Estado para monitorear el territorio nacional, el desconocimiento de actores locales respecto de estas herramientas, o la propia desconfianza con relación a su utilidad. En lugar de ello, proponemos el uso complementario de fuentes no estatales como las registradas por organizaciones indígenas, las mismas que pueden cruzarse con mapas de calor de deforestación elaborada por sectores vinculados por el Mecanismo como MINAM o DEVIDA (interoperabilidad), a fin de identificar las tendencias, previniendo la expansión de estas actividades, pero también priorizando espacios en donde la situación es crítica y en donde se requiere una intervención inmediata”, destacó Quispe.
Irupé Cañari, abogada de la CARE, reiteró que esta situación se repite no sólo en Junín, sino en toda la Amazonía porque es una realidad que viven todos los pueblos indígenas a nivel nacional como es: invasión sistemática al territorio indígena y deforestación masiva del bosque para el cultivo ilícito de la hoja de coca vinculado al tema del narcotráfico.
“En el caso de los pueblos indígenas, el 90% es territorio vinculado a un contexto de alto riesgo lo cual genera amenazas, asesinatos, agresiones físicas. Sin embargo, la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva DL N 22175, en su artículo 11 señala que no hay título de propiedad del territorio indígena. Ese es uno de nuestros problemas en temas de delitos ambientales porque relegan a las comunidades a ser solo denunciantes, por eso no hay resultados”, destacó Cañari.
Hugo Che Piu, Presidente de DAR, manifestó que el objetivo "es que la Amazonía sea un lugar equitativo, sostenible para que cesen estos actos de violencia que provocan la tala ilegal y el narcotráfico".
"Debemos pensar en los mecanismos de autodefensa de las comunidades, las cuales pueden ayudar a prevenir asesinatos de defensores ambientales”, dijo.
Las propuestas
Entre las propuestas presentadas en la sesión de trabajo está que el MINJUSDH impulse una Mesa Regional en Junín, la cual esté enfocada en la prevención, protección y acceso a la justicia de personas defensoras indígenas y territoriales. Esta acción será monitoreada por la Defensoría del Pueblo, quien vigilará que se cumpla a cabalidad con esta actividad.
Además, en el marco de la coordinación con los sectores involucrados por el Mecanismo Intersectorial, también se propone una evaluación sobre el involucramiento del Ministerio de Defensa u otros sectores en el mecanismo intersectorial aprobado por DS 004-2021-JUS.
Asimismo, como parte de la agenda de prioridades correspondientes al año 2023, el MINJUSDH incluirá el diseño de un proyecto de ley que plantea mejoras para la protección de personas defensoras, que implica la coordinación con órganos constitucionales autónomos y la amplia participación de las organizaciones indígenas y la sociedad civil.
En tanto, el MIDAGRI impulsará un espacio de trabajo con CARE en el marco del Grupo 5 de la Comisión Multisectorial sobre Pueblos Indígenas, para revisar una propuesta de proyecto sobre anotación preventiva (MIDAGRI-DIGESPACR).
Adicionalmente, coordinará con el Servicio Nacional Forestal - SERFOR, la organización de un espacio de trabajo donde se pueda discutir técnicamente la propuesta planteada por CARE para modificar el artículo 11 de la Ley de Comunidades Nativas, que plantea la propiedad de las comunidades nativas del suelo de aptitud forestal y de protección.
Finalmente, el Ministerio del Interior dará cumplimiento a lo previsto en el DS 004-2021-JUS, referente a la aprobación de los Lineamientos de Actuación de la Policía Nacional del Perú, que implementa las medidas de protección y urgente protección, aprobadas en el marco del Procedimiento de Alerta Temprana, durante el año 2022.
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[Fotos: DAR]
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