Al cumplirse 30 años del primer encuentro continental de pueblos indígenas en conmemoración de los 500 años de resistencia, más de 50 líderes y lideresas indígenas y afrodescendientes de 22 países de América se dieron cita en Quito, Ecuador, para discutir en torno a reivindicaciones históricas, justicia racial y climática, solidaridad mutua, el rol de los movimientos afrodescendientes e indígenas en el cambio social, nuevas tendencias políticas de reivindicación y el papel de los pueblos en espacios de incidencia internacional.
En el contexto de este encuentro, los líderes y sus pueblos hacen un fuerte llamado internacional en el que exigen a los negociadores participantes en la próxima Cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático que ésta sea abordada desde una perspectiva de justicia climática y racial. La COP27 se realizará del 6 al 18 de noviembre en Sharm El-Sheik en Egipto bajo el lema “Juntos por la Implementación”, el cual alude a una nueva oportunidad para avanzar con la implementación global del Acuerdo de París.
Durante la COP27, las partes dialogarán sobre financiamiento climático, mercados de carbono, las pérdidas y daños, nuevas propuestas de adaptación y mitigación del cambio climático, y el Pacto de Glasgow, entre otros. Sin embargo, los líderes indígenas y afrodescendientes de todo el continente, reunidos en Quito, esperan que se promuevan iniciativas y proyectos multisectoriales centrados en las personas, que garanticen el pleno cumplimiento de sus derechos y que estén respaldados por resultados científicos medibles y verificables. Pero sobre todo demandan justicia climática basada en el reconocimiento de su rol en la protección de la naturaleza, y reparaciones históricas por los daños causados por el extractivismo en sus territorios y comunidades.
“Esta nueva cumbre climática global debe centrarse en la justicia climática y racial, debe enfocarse en reparar las afectaciones causadas a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Nosotros no somos los causantes del cambio climático, pero somos quienes sufrimos los peores impactos'', subrayó Leo Cerda, miembro fundador de BILM.
Según un informe publicado por la organización Oxfam y el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo en 2020, el 1% más rico de la población mundial ha causado el doble de emisiones de carbono que el 50% más pobre durante 25 años (1990 - 2015), sin embargo, estos últimos se ven más afectados por los impactos de este fenómeno.
La justicia climática considera que el cambio climático tiene impactos sociales, económicos, de salud pública y otros efectos adversos en las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Por ello, quienes la demandan se esfuerzan por abordar estos fenómenos desde diferentes perspectivas que no ubican al cambio climático sólo como un problema ambiental. La justicia comienza con el reconocimiento de que las personas se ven afectadas de manera diferente ante los efectos nocivos del calentamiento del planeta.
Además, la justicia climática busca desarrollar soluciones que aborden las causas estructurales del cambio climático pues, al hacerlo, se resolvería simultáneamente una amplia gama de injusticias sociales, raciales y ambientales. Emprender soluciones basadas en la justicia implica pensar en una transición estructural, que representa el cambio de las economías basadas en combustibles fósiles a sistemas equitativos y regenerativos basados en energías renovables, justicia social, racial y ambiental, que conecta la crisis climática con los problemas sociales, raciales y ambientales en los que está profundamente entrelazada y que afectan especialmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Una demanda importante de los movimientos de justicia climática y del BILM es promover la acción climática indígena y afrodescendiente pues estas comunidades no sólo dependen de los ecosistemas para su vida, su sustento y su cultura, sino que su pervivencia está profundamente arraigada a la tierra y sus recursos.
“Las promesas de la COP26 siguen allí; no se ha avanzado mucho en la implementación de los acuerdos globales. Nosotros exigimos que el financiamiento climático llegue directamente a los pueblos afectados, nosotros podemos manejar los fondos de acuerdo a nuestras realidades, a nuestras urgencias y propuestas que durante milenios han salvado a la humanidad. Los Estados planifican sin consultar a los pueblos indígenas, pero estamos tratando de resolverlo en diálogo abierto con los gobiernos”, detalla Gregorio Mirabal, Coordinador General de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Los Andes, la Amazonía, la zona costera de América Latina y el Caribe, así como algunas áreas de Estados Unidos y Canadá son territorios altamente vulnerables a la crisis climática. Por ello, los representantes de BILM resaltan en esta oportunidad la necesidad de que las negociaciones climáticas vayan de la mano de los estudios científicos y ancestrales y recojan las propuestas de los países y las áreas más afectadas y se haga justicia con ellos. A la vez solicitan que se tomen acciones en contra de la discriminación racial que también se refleja en los proyectos extractivos y en las medidas de mitigación o adaptación al cambio climático emprendidas por los Estados.
El informe más reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) aborda las razones socioeconómicas que influyen en la vulnerabilidad climática y menciona por primera vez el colonialismo como una fuente de la crisis climática. De acuerdo con este informe, la vulnerabilidad depende de factores como la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a los servicios básicos y de seguridad, y muchas de estas situaciones son un legado histórico de las diferentes formas de colonialismo e intervencionismo que Europa y los EEUU han perpetrado.
“El cambio climático está acabando con el mundo, pero no nos afecta a todos de la misma manera, ni existen las mismas herramientas para enfrentarlo, aquí también se expresan las profundas desigualdades. Y es precisamente esto lo que mueve nuestra demanda, no solo en nuestra región sino también a nivel global, los pueblos indígenas del mundo, los pueblos afrodescendientes, los grupos más pobres e invisibilizados pedimos justicia climática”, indicó Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades indígenas de Ecuador (CONAIE), Ecuador.
En cuanto a los bosques tropicales, estos se ven afectados por el cambio de uso del suelo, en particular por la deforestación, el aumento de incendios, la degradación de los bosques y la pérdida a largo plazo de la estructura forestal. El efecto combinado de estos impactos conducirá a una disminución a largo plazo de las reservas de carbono en la biomasa forestal, comprometiendo el papel de la Amazonía como sumidero de carbono.
Los ecosistemas oceánicos y costeros de la región son altamente impactados por el cambio climático. En la franja costera atlántica es donde se observa la tendencia más pronunciada de aumento del nivel del mar. Los científicos del IPCC proyectan que los arrecifes de coral perderán su hábitat y experimentarán episodios de blanqueamiento severo cada año. Además, muchas especies marinas migrarán y abandonarán sus espacios habituales.
“Los impactos del cambio climático se experimentan todos los días en todo el mundo, pero las comunidades más marginadas, que son las menos responsables de la crisis climática se enfrentan a las consecuencias más graves”, explicó Darío Solano, Red Dominicana de Estudio y Empoderamiento Afrodescendiente, Fundación la Negreta y miembro de BILM.
Las comunidades afrodescendientes también están altamente expuestas a los desastres naturales y a los efectos negativos del cambio climático y de los desastres ambientales ocasionados por industrias extractivas. Esto va de la mano con prácticas discriminatorias y de necropolítica. Por ejemplo, las poblaciones afrodescendientes de Estados Unidos, en especial las de bajos recursos y que viven en zonas marginales de ese país, sufren las consecuencias de una política discriminatoria que incluye la violación de sus derechos también en materia ambiental.
Perforar y operar pozos de petróleo y gas en vecindarios residenciales expone a los residentes a la contaminación del aire y el agua, al ruido y a otras fuentes de estrés que pueden aumentar el riesgo de muchos tipos de enfermedades. Se estima que 17 millones de residentes de Estados Unidos viven a menos de 1,6 km de al menos un pozo de petróleo o gas activo, lo que significa que existe un riesgo generalizado de exposición a contaminantes del aire, productos químicos peligrosos y otros factores estresantes.
Según el Centro de Justicia Climática de la Universidad de California, en las refinerías ubicadas en el Corredor Petrolero del Área de la Bahía de California, las comunidades de bajos ingresos y las comunidades no blancas son las más afectadas por la presencia de la industria petroquímica. Las emisiones de estas instalaciones degradan la calidad del aire en esta región y exponen a los residentes a mayor riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas, problemas respiratorios como el asma y otras afecciones.
En Estados Unidos, la práctica conocida como línea roja (discriminación en materia de vivienda que reduce las oportunidades laborales y genera pobreza en comunidades consideradas indeseables, es decir, no blancas y de inmigrantes) fue prohibida hace más de medio siglo, pero continúa afectando a las personas que viven en vecindarios discriminados.
Según el estudio ‘Línea roja histórica y ubicación de pozos de petróleo y gas en los Estados Unidos’, realizado por científicos de la Universidad de California y la Universidad de Columbia y publicado este año en la revista Nature, las comunidades afroamericanas están desproporcionadamente expuestas a la contaminación y a perjuicios en la salud que resultan de las actividades de hidrocarburos.
Otro informe publicado en Environmental Science and Technology Letters señala que en comparación con las personas blancas, las afroamericanas y latinoamericanas viven con más esmog y partículas finas de automóviles, camiones, autobuses, plantas de carbón y otras fuentes industriales cercanas en áreas que fueron enrojecidas. Esos contaminantes inflaman las vías respiratorias humanas, reducen la función pulmonar, provocan ataques de asma y pueden dañar el corazón y provocar accidentes cerebrovasculares.
“El cambio climático es la amenaza más inmediata para las personas marginadas del mundo. Es transversal, intersectorial e intergeneracional, e implica atenciones y efectos desde la economía hasta la salud. Y por ello es también un problema social ya que afecta el desarrollo de las personas”, destacó Tere Mojica, primera diputada afro de México, representante de la organización Afrocaracolas , parte de BILM.
El papel que cumplen los pueblos indígenas y afrodescendientes en el cuidado de los bosques y en la adaptación a la crisis climática a partir de sus saberes ancestrales también ha sido ilustrado en diferentes estudios; sin embargo, muy pocas de sus experiencias son incluidas e implementadas en las políticas públicas climáticas de sus países. Las comunidades afrodescendientes tienen un imprescindible potencial para contribuir a la mitigación del calentamiento global, resaltan los líderes y lideresas en Quito.
Durante la COP26, realizada el año pasado en Glasgow, los líderes mundiales se comprometieron a seguir un camino que mantendría el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C (2,7 °F) por encima de los niveles preindustriales. Pero con la tasa actual de emisiones, algunos científicos dicen que estamos cerca de un camino que conducirá a un aumento de 3 °C (5,4 °F) para finales de este siglo. Eso llevaría a un riesgo de extinción 10 veces mayor para la biodiversidad, y podría eliminar muchas de las posibilidades de adaptación que hoy todavía están abiertas para la humanidad.
“El cambio climático es una guerra de los ricos contra los pobres. Justicia climática significa el fin del colonialismo, del patriarcado, del racismo y del extractivismo. Poner fin al racismo es tarea que involucra a toda la sociedad y las políticas gubernamentales deben ir más allá de lo que puedan indicar los documentos. Luchar contra el racismo y la discriminación constituye un aspecto central en la construcción de sociedades más justas, democráticas e igualitarias”, señaló Mike Bento, miembro de la organización estadounidense NYC Shut it Down.
