La relación tirante entre el Ejecutivo y Legislativo ha llevado a que diferentes actores políticos planteen diferentes vías de salida a la interminable crisis política que existe en el país. Estas propuestas surgen en medio de diversas investigaciones por delitos de corrupción que involucraría al presidente Pedro Castillo y su circulo más cercano; además de un rechazó al Congreso que está cerca al 90% de la población, según las últimas encuestas. 

Adelanto de elecciones

Propuesta de Fracisco Sagasti

El expresidente Francisco Sagasti anunció un proyecto de reforma constitucional que plantea un adelanto de elecciones generales para el mes de abril del 2023. La iniciativa, llamada “consenso ciudadano” y que incluye que el ingreso de las nuevas autoridades sea el 28 de julio del 2023, será presentada en la Comisión de Constitución del Congreso para su debate.

Sagasti propone que los comicios adelantados deben cumplir con algunas condiciones especiales: se votará un día para la Presidencia y otro para el Congreso y la segunda vuelta presidencial. Asimismo, los actuales legisladores estarán en capacidad de reelegirse por única vez.

Los congresistas impedidos de postular serían aquellos condenados por crimen organizado, lavado, narcotráfico, terrorismo, enriquecimiento ilícito, corrupción, violencia a la mujer, familia, sexua l, contra poderes del Estado y orden constitucional, inhabilitados por el Parlamento y registrados como deudores alimentarios morosos.

Asimismo, plantea que los candidatos deben ser designados en elecciones primarias de los partidos por sus militantes con postulaciones individuales, no de listas. Para ser aprobado este proyecto de ley de reforma constitucional necesita 87 votos en dos legislaturas ordinarias sucesivas para evitar el referéndum, que será la instancia definitoria si en la primera votación solo alcanza los 66 votos.

Propuesta de Susel Paredes

La congresista de la República, Susel Paredes, presentó el Proyecto de Ley 01918/2021-CR, proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales en mayo de este año. Esta iniciativa recoge el Proyecto de Ley N° 1893/2021-CR presentado por Pasión Dávila, del grupo parlamentario Perú Libre, el último 28 de abril y al siguiente día fue retirado sin una explicación clara de parte de la bancada oficialista.

Según la exposición de motivos, el clima de inestabilidad que experimenta el país ha originado una crisis institucional y social inéditas en el contexto de inicio, a tan solo nueve meses de juramentado el cargo, de un gobierno constitucional democráticamente electo.

Las públicas evidencias de una mala gestión de gobierno y las insuficientes respuestas de sus principales voceros ante las acumulativas y sostenidas críticas y denuncias sobre presuntos actos de corrupción han terminado por generar un clima de desconfianza general, tanto en el mismo gobierno, como en el Congreso de la República

La iniciativa señala que el presidente y la vicepresidenta de la República elegidos en las Elecciones Generales de 2021, concluirán su mandato el 28 de julio de 2023. Los congresistas y representantes ante el parlamento andino elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio de 2023. Excepcionalmente, no son de aplicación para ellos, los plazos señalados en los artículos 90 y 112° de la Constitución Política.

En ese sentido, Paredes, promueve este proyecto para que las elecciones generales se realicen el próximo 23 de marzo de 2023, a fin de que los peruanos puedan elegir a sus nuevos representantes del Ejecutivo y Legislativo. Para ser aprobado, el proyecto debe seguir el mismo camino que el de Francisco Sagasti. De monto, el documento está encarpetado en la Comisión de Constitución y Reglamento, hoy presidida por el fujimorista Hernando Guerra García.

Propuesta de Digna Calle

La segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle (Podemos Perú), envió una nota de prensa titulado “Nos vamos todos”, en el que instó que su proyecto de ley 1897/2021-CR, que convoca al adelanto de elecciones generales, sea debatido para darle fin a la crisis entre el Ejecutivo y Legislativo.

La iniciativa considera un recorte del mandato presidencial y de los congresistas (28 de julio y 26 de julio de 2023, correspondientemente), y fija fechas y plazos para el proceso de elección de las nuevas autoridades. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los Artículos 90, 112 y 116 de la Constitución Política.

Indica que el jefe de Estado tendría un plazo de 48 horas desde que se aprueba la norma para convocar a nuevas elecciones generales, las cuales deberían realizarse a fines de marzo del 2023. Para este proceso electoral, el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 91 de la Constitución Política, es de cuatro meses.

De acuerdo al proyecto legislativo, la razón por la cual, la elección debe ser general, subyace sobre el principio de simultaneidad electoral, tal como lo contemplan los artículos 16° y 20° de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, las cuales establecen que la elección del presidente, vicepresidentes de la República, congresistas de la República y los representantes peruanos ante el Parlamento Andino debe ser efectuada en el mismo día.

Según el texto, la propuesta para que el presidente de la República asuma el cargo el 28 de julio del año 2023 y los congresistas el 26 de julio de 2023, permitirá la salida pacífica la crisis política y económica que desde más de hace ocho meses viene sintiendo el país, y en ese sentido, se continuará a partir de dicha fecha con el periodo quinquenal contemplado en el artículo 116° de la Constitución Política del Perú.

Acusación constitucional

Un informe emitido por la Comisión de Fiscalización, el cual considera que el presidente Pedro Castillo vulneró incisos 1, 3, 4 y 8 del Artículo 118° de la Constitución, fue aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 15 de julio. El texto recomienda acusar constitucionalmente al jefe de Estado porque “habría liderado o jefaturado una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, que estaría enquistado en el Poder Ejecutivo”.

El informe en mayoría del grupo legislativo obtuvo 72 votos a favor, 40 votos en contra y cero abstenciones.

La acusación de la Comisión de Fiscalización conjuntamente con la Contraloría de la República se basa en los casos de Puente Tarata, Sarratea, ascensos en las Fuerzas Armadas y presiones en la Sunat, por los que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investiga al mandatario y que implica desde familiares del mandatario hasta exfuncionarios de Gobierno, ahora prófugos de la justicia. No obstante, es ya sabido que la titular del Ministerio Público no podrá acusar a Pedro Castillo hasta que culmine su mandato

Al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución, se le acusaría por la presunta comisión del delito de organización criminal, tipificado en el artículo 317; colusión tipificada en el artículo 384; y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

El abogado constitucionalista Omar Cairo consideró en una entrevista con Convoca que al Pleno del Congreso le tomaría apenas dos meses desarrollar el juicio político por el cual se busca determinar la suspensión, destitución o inhabilitación del Jefe del Estado.

El letrado explicó que si Pedro Castillo deja de ser presidente, por su condición de exmandatario, tendrá que ser sometido a un nuevo antejuicio, de dos meses, para que el Congreso habilite el inicio de su proceso penal. Este proceso podría demorar entre tres y cinco años, según afirmó Cairo.

Es importante señalar que el mandatario en funciones no puede ser acusado o procesado por delitos, salvo los casos señalados en el artículo 117 de la Constitución, como son: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso de manera inconstitucional o impedir su reunión o funcionamiento, así como el del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

Precisamente, este lunes, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) remitió a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosio Torres (APP), el informe final de la denuncia constitucional contra el mandatario Pedro Castillo por presuntas infracciones a la carta magna y el supuesto delito de traición a la patria.

La referida denuncia se basa en las declaraciones de Castillo a CNN en español sobre una eventual salida al mar para Bolivia. En ese sentido, el informe advierte una aparente voluntad del mandatario por conceder territorio nacional: “Que, concretamente, el presidente Castillo se refirió a la aspiración de acceder a una salida del mar a favor de los bolivianos como un derecho y aseveró que consultaría al pueblo sobre ello. Que, en mayo de 2018, José Pedro Castillo como dirigente político, reivindicó en un evento realizado en La Paz, una salida al mar para Bolivia”.

Asimismo, se da cuenta sobre presuntas gestiones desde Bolivia para obtener apoyo de países vecinos para lograr su salida al mar: “Que, en el programa periodístico “Panorama”, se ha hecho público que, según un informe de inteligencia, durante la asistencia a ese evento, se entregaron sumas de dinero, a las organizaciones asistentes de siete países, a efectos de establecer vínculos entre sí y que en el referido evento estuvo el expresidente Evo Morales”.

El informe final elaborado por Soto, que recomienda inhabilitar al presidente por 5 años, deberá ser sometido a voto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este documento puede recomendar la formulación de una acusación contra el jefe de Estado ante el pleno o el archivo de la denuncia.

Suspensión

Las acusaciones del exministro del Interior, Mariano González, contra Pedro Castillo, sobre cambios en el equipo especial PNP, encargado de la captura de altos funcionarios vinculados a actos de corrupción de su gobierno, provocó que el Ministerio Público abriera una investigación contra el mandatario por el presunto delito de encubrimiento personal.

Al respecto, el exprocurador anticorrupción, César Azabache, manifestó que la suspensión contra el presidente de la República es posible si el Ministerio Público  logra confirmar que existió intención de interferir en las investigaciones que se llevan en contra de Castillo y su círculo más cercano

“Cuando [Pedro] Castillo remueve a [Mariano] González, no remueve al equipo que lo investiga, remueve al jefe que los nombró. Desde el punto de vista de cómo miramos las cosas en el derecho penal, eso se llama tentativa, comienzo o inicio de ejecución. Ahí está el debate. Comienzo a hacerlo, pongo al otro ministro, y el nuevo ministro abre suposición diciendo que va a revisar qué ocurre. Estamos a tiempo de pararlo, pero si lo paramos, la interferencia ha sido intentada. No llega a alcanzar destino. Ahora nos falta confirmar que esa intención de interferir sobre las investigaciones se mantiene para que, desde mi punto de vista, la Fiscalía esté en posición de pedir esa suspensión”, indicó en diálogo con Canal N.

Azabache suscribe lo dicho por González sobre la importancia de proteger al equipo especial PNP para que la suspensión al mandatario sea accesible. Para llegar a ello, el letrado afirmó que es necesario “crear el consenso para que todas y todos quienes estamos en el sistema legal, aceptemos que la suspensión es posible y necesaria”.

El abogado constitucionalista Luciano López Flores coincide con esta posición y señaló en entrevista con La República que el presidente Pedro Castillo puede dejar el cargo por una orden del Poder Judicial que use la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, un tratado de rango como la Constitución, máxima normativa del país.

En ese sentido, comentó que el caso del exministro Mariano González ayuda a iniciar este proceso. “La suspensión es provisional. Tengo reparos en la vacancia por lo indefinido, pero el Tribunal Constitucional (TC) la dejó imprecisa. Es un arma que puede usarse. Depende del acuerdo en el Congreso. La pesquisa de la Fiscalía por presunto encubrimiento por declaraciones de Mariano González puede gatillar una suspensión judicial”, indicó.

López Flores agregó que la investigación preliminar expone al investigado a medidas limitativas de derechos, entre ellas la suspensión. En esa línea, manifestó que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es un tratado que tiene rango constitucional y que compromete al Estado firmante a adoptar un mecanismo que equilibre la prerrogativa (como la inmunidad), de la cual gozan sus funcionarios públicos.

Vacancia presidencial

En los últimos días se viene anunciando la presentación de una moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. El documento que vendría elaborando el congresista Edward Málaga Trillo sería el tercer intento del Legislativo para destituir al mandatario por permanente incapacidad moral.

La moción tendría el apoyo de la oposición y otros congresistas que se sumarían tras la confirmación del inició de la sexta investigación preliminar en su contra. Esta vez el Ministerio Público abrió una indagación por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal por el caso de obras en Cajamarca. La misma incluye al extitular de Vivienda y actual ministro de Transportes, Geiner Alvarado.

Sin embargo, la moción de vacancia no lograría los 87 votos necesarios que dispone el Reglamento del Congreso. Según se ha podido consultar, los votos a favor de la medida serían entre los 75 y 80. A sabiendas de este impedimento, el congresista Diego Bazán (Avanza País) presentó el Proyecto de Ley 2693 que busca reducir el número de votos para una moción de vacancia presidencial. El mismo propone pasar de 87 a 78 votos mínimos.

Para su aprobación, la Comisión de Constitución debe dictaminar este proyecto y luego de ser debatido y votado en el Pleno del congreso. Al ser una modificación un artículo del Reglamento del Congreso solo necesita el apoyo de 66 congresistas.

Cierre del Congreso

Pese a que la Constitución señala que el único método viable para la disolución del Congreso debe anteceder dos negativas de cuestión de confianza del Parlamento a políticas de Estado del Ejecutivo, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, aseguró hace unas semanas que un periodo de cierre del Congreso es una medida que tiene planeado plantear al presidente de la República, Pedro Castillo.

Durante una entrevista en Exitosa Noticias, Chero advirtió que confía en que la Mesa Directiva genere líneas de consenso, porque de lo contrario, considera que se evaluaría “la disolución temporal del Congreso”. Dijo también que existen decisiones constitucionalmente viables y que habilitan lo que pretende plantear al Jefe de Estado, pero que deben ser la última opción.

Es importante señalar que el actual Congreso de la República no ha denegado la primera cuestión de confianza al Ejecutivo. Por lo que cualquier otro método que busque un eventual cierre del Congreso estaría al margen de lo que dicta la Carta Magna.

(Foto: Andina)