Escriben Florencia Reggiardo y Silvie Ojeda, abogadas de CEJIL
Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor del Fiscal José Domingo Pérez Gómez y el Juez Salas Arenas y sus familias, que ordenan al Estado peruano proteger la vida e integridad de ambos operadores de justicia y garantizar que puedan seguir desempeñando sus labores sin ser objeto de actos de violencia.
Amenazas, manifestaciones públicas frente a sus viviendas, hostigamientos y una considerable cantidad de denuncias administrativas, judiciales e incluso constitucionales que ambos operadores enfrentan por sus labores impartiendo justicia, son el escenario cotidiano en el que viven. Los procesos de criminalización afectan la vida, integridad y funciones diarias de ambos operadores quienes deben ocupar gran parte de su tiempo en ejercer su propia defensa.
El Fiscal Pérez cuenta con al menos 10 denuncias ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público mientras que contra el Juez Salas, avanzan al menos 12 denuncias penales y 5 acusaciones constitucionales por haber cumplido sus funciones en el marco del proceso electoral de 2021. Estos procedimientos que podrían llevar a la suspensión o, peor aún, destitución, no forman parte de los riesgos por los cuales fueron concedidas las medidas cautelares a pesar de que, si prosperasen, se limitaría la protección con que ambos operadores cuentan y los ataques se incrementarían, como también el riesgo a sus vidas. Por ello, es fundamental que la Comisión tenga en cuenta los procesos de criminalización como una forma de reducir la capacidad de impartir justicia por parte de jueces y fiscales.
Tras 12 meses de trabajo dedicado a la implementación de estas medidas, podemos concluir que aunque presentan numerosos desafíos, han sido vitales para evidenciar que la situación de operadores de justicia en Perú está lejos de ser ideal y que a la grave situación le subyace un problema mayor: la falta de reconocimiento de jueces, fiscales y otros operadores de justicia como personas defensoras de los derechos humanos. De acuerdo con las Naciones Unidas, la calidad de defensor o defensora de derechos humanos radica en la labor de promoción o protección de derechos que la persona realiza y en las actividades que lleva a cabo, labores que el Fiscal Pérez y el Juez Salas realizan notablemente.
Sin embargo, el Perú mantiene una gran deuda con los operadores de justicia quienes, al igual que con todas personas defensoras de derechos humanos y especialmente los defensores ambientales que son los más afectados, deberían contar con un marco normativo que garantice sus derechos y les dé una adecuada protección para el desarrollo de sus labores. Si bien existe un proyecto legislativo para proteger a personas defensoras desde finales de 2020, este no ha sido tratado por el Congreso y, de cualquier manera, tampoco incluye a los operadores de justicia.
Durante el seguimiento para cumplir la orden internacional hemos constatado que la situación continúa siendo de mucha preocupación: gran parte de las investigaciones ha sido archivadas sin que ninguna pase a juicio y condena, las amenazas y ataques no han disminuido, y la rotación constante del personal del Ministerio del Interior y la Jefatura de la Policía hacen inviable la fluidez o trazabilidad de las acciones de protección.
Teniendo en cuenta que las y los operadores de justicia son quienes garantizan el acceso a la justicia en una sociedad democrática, el Estado debe crear las condiciones propicias para el ejercicio adecuado de sus funciones. Si como en este caso, el Estado falla en esa misión, el derecho a la justicia de todo un país será vulnerado. Las medidas cautelares a favor de Pérez y Salas representan entonces una gran oportunidad para que el Estado peruano entienda el alcance y la importancia de su integral implementación y lo haga sin mayores dilaciones.
* CEJIL acompaña las medidas cautelares del fiscal Pérez junto a la Asociación Pro Derechos (APRODEH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), y las medidas cautelares del juez Salas Arenas junto a la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM).
