Luego de que el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) señalara en una entrevista para Perú21 (18/06/2022) que se buscó politizar su informe sobre las responsabilidades en las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas del 14 de noviembre del 2020, Ruth Luque (Cambio Democrático) nos envía su respuesta que a continuación compartimos.

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El último viernes 17 de junio la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) votó el Informe a cargo del congresista Alejandro Cavero (Avanza País) el cual recomendó archivar la acusación presentada por la Fiscalía contra Merino, Florez-Aráoz y Rodríguez por los trágicos sucesos del 14 N. Con 8 votos contra 7, contando con la dirimencia de la Presidenta de la SAC en favor de Cavero, ganó el archivamiento del caso. Sin embargo, queda pendiente la reconsideración planteada por el congresista Edgar Reymundo, lo que debe permitir que los integrantes titulares de la SAC revisen el informe y eviten un nefasto precedente para los derechos humanos.

El Informe Cavero ha admitido una lista probatoria de 73 testimonios y documentos en donde no existe ningún documento testimonial directo de las víctimas y heridos de las marchas de noviembre 2020 ni pruebas aportadas por ellos. Para su emisión sostuvo seis audiencias públicas los días 1, 13 y 25 de abril, el 4 y 11 de mayo, y el 1 de junio en las cuales sólo se invitaron a los testigos e inculpados, que incluyen básicamente a exministros de Estado, a Manuel Merino, miembros de la DINI y autoridades policiales, pero no a los afectados. De modo que es notorio de qué lado de la historia estuvo dirigido la atención y consideración por parte del informe.

Es por esa visión claramente parcializada, que el Informe Cavero se centra en que los Planes de Operativo Policial de la Región Lima para las marchas del 12 y del 14 N, así como los informes policiales consignan que la actuación de la PNP sería con arreglo a la Constitución y la ley. Hace hincapié que los planes no contienen información irregular sino acorde al uso medido de la fuerza y el respeto a los derechos humanos. Es lógico pensar que los manuales de la policía no planifiquen estrategias desproporcionadas o muertes anunciadas. Nadie lo pondría por escrito. Parece un absurdo, pero no lo es para el informe.

Por otra parte, el Informe Cavero parte de un enfoque incorrecto que desnaturaliza su función. El antejuicio político previsto para quienes fueron autoridades como Merino y compañía tienen por finalidad verificar si existe móvil político que induzcan a acusarlos sin sustento y con puro interés de perjudicarlos. Es por eso que básicamente el papel que le corresponde al Congreso es identificar un sustento mínimo razonable en la denuncia que asocie a las autoridades inculpadas con uno o varios presuntos delitos. No demostrarlos, sino encontrar cierta conexión que, de existir, debe dar pie a un juicio posterior. En su lugar, el Informe Cavero suplanta a los órganos jurisdiccionales al validar o descartar pruebas y obviar la hipótesis de la fiscalía. No le basta con hacer una evaluación general de los hechos, circunstancias y pruebas, sino que quiere declarar la inocencia de los acusados. El informe parece olvidar que no es competencia de los congresistas emitir sentencia ni condenar o exculpar a nadie.

No es pues cierto lo que dice el congresista en los medios, de que nadie ha leído su informe y que lo politizan, cuando es todo lo contrario. Se politiza el tema cuando exige la aceleración de la elección del Defensor o Defensora del Pueblo, sólo porque esta institución ha evidenciado que el informe tiene graves problemas y limita el derecho de las víctimas. O cuando en esas profundas contradicciones lógicas similares a las del informe, afirma que la acusación de la fiscalía no es la politizada sino lo que algunos actores políticos hacen con el tema. Sucede que lo que se tiene que evaluar es si la acusación fiscal tiene móvil político, no si hay actores políticos que opinan sobre el tema, que siempre lo habrá.

Pedimos, que la prerrogativa de antejuicio no se convierta en un privilegio en favor de algunos y que el Informe Cavero no perpetúe la impunidad sino permita avanzar las investigaciones y esclarecer las responsabilidades por el derecho a verdad y justicia de todas las víctimas.